Cada septiembre, como un ritual casi inquebrantable, los reflectores se centran en la misma escena. El secretario de Hacienda, armado con su carpeta repleta de cifras y suposiciones, confronta a la Cámara de Diputados con el presupuesto del siguiente año. Este acto administrativo, indiferente a quién gobierna o quién se opone, se transforma rápidamente en un drama lleno de suspense, tensiones y pronósticos casi predecibles.
El presupuesto es presentado con una hoja de ruta clara: crecimiento proyectado, tipo de cambio, inflación y déficit. En este contexto, queda evidente que el dinero es un recurso limitado; no se trata de si hay suficiente para todo, sino de qué áreas recibirán atención prioritaria. Aquí, el presupuesto trasciende la mera contabilidad y se convierte en una representación ideológica.
Durante los años de la Cuarta Transformación (4T), la filosofía detrás del presupuesto fue evidente: programas sociales como ejes fundamentales y una inversión notable en mega proyectos emblemáticos—como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles—que reflejan las prioridades del gobierno. El presupuesto del 2026, por lo tanto, permitirá vislumbrar la concepción que tiene el gobierno sobre bienestar y crecimiento.
La metáfora de la cobija describe perfectamente la situación: el presupuesto es el tamaño de la cobija, y las necesidades de la sociedad—desde seguridad y salud hasta infraestructura y educación—son la cama. Si el presupuesto se orienta a cubrir una área, inevitablemente otra quedará desprotegida. La escasez de recursos hace que cada elección sea, en esencia, una renuncia que debe ser explicitada y justificada.
Mientras tanto, la oposición juega su papel: destaca las carencias—“falta de inversión en educación”, “recortes en cultura”—sin ofrecer soluciones claras sobre cómo redistribuir los fondos. La crítica es válida, pero sin un planteamiento alternativo, queda en una mera postura.
El desenlace de este drama presupuestario suele tener dos finales: el primero es un proceso de arduas negociaciones que culmina justo antes del plazo legal; el segundo es un visto bueno más expedito, impulsado por una mayoría sólida pero sin un profundo debate. Para el presupuesto de 2026, la composición de la Cámara sugiere que Morena y sus aliados lograrán la aprobación sin contratiempos significativos, pudiendo ajustarse solamente a las voces internas.
Un presupuesto, en esencia, narra historias en tres dimensiones: la macroeconómica, que trata sobre las expectativas de crecimiento y la inflación; la política, que indica a quién se protegerá y qué se fomentará; y la institucional, que evalúa el respeto a la planeación y evaluación previas. La realidad macroeconómica reflejará la viabilidad de la “cobija”; la política mostrará la continuidad de las prioridades sociales; y la institucionalidad se definirá a través de la claridad y la transparencia de los anexos presupuestales.
Dada la inevitabilidad del ciclo, se prevé que el 2026 no será la excepción. La discusión pública podría enriquecerse si, en lugar de simples propuestas, se ofrecieran explicaciones sobre las renuncias necesarias para financiar nuevas iniciativas. El Ejecutivo, por su parte, no solo debe alcanzar una mayoría, sino también construir argumentos sólidos que validen sus supuestos.
En las semanas venideras, serán cruciales varios aspectos: la plausibilidad de los supuestos macroeconómicos, la formalización de prioridades, la presión por recursos en áreas críticas, y la transparencia en los procesos. Este análisis exhaustivo del presupuesto de 2026 será más que un mero ejercicio de cifras; será un reflejo de la visión de país que se está modelando.
La trama es familiar, pero cada presupuesto ofrece una nueva oportunidad para evaluar el rumbo y las prioridades de la nación. El 2026 será, como en tantas ocasiones anteriores, una nueva mirada a cómo se reparte la ya conocida “cobija”: quién queda protegido y quién enfrenta la noche con más frío.
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