Puerto Wilches es un municipio con vocación agraria y pesquera de la rivera del Río Magdalena, en el departamento colombiano de Santander, que ha visto históricamente cómo sus tierras eran amenazadas por la gran producción de aceite de palma y la extracción de hidrocarburos. La situación podría agravarse tras la decisión gubernamental de realizar el primer proyecto piloto de fracking en Colombia, una técnica de extracción de petróleo y gas en yacimientos no convencionales que consiste en fracturar rocas del subsuelo a través de una presión altísima de agua. La mayoría de sus habitantes, organizaciones sociales y un nutrido grupo de congresistas denunciaron el riesgo de esta técnica para las fuentes de agua, la biodiversidad y la salud. Además, la oposición al fracking también se ha convertido en una de las razones por las que grupos ambientalistas están saliendo a protestar en el marco del Paro Nacional en Colombia, que comenzó el pasado 28 de abril.
“La pesca ha disminuido un 50% debido a la contaminación causada por la explotación de hidrocarburos”, afirma a través de WhatsApp Leopoldo Cuéllar, habitante y pescador de Puerto Wilches. Cuéllar señala que, tras más de 70 años de explotación de crudo en el municipio, hoy no están garantizados los derechos fundamentales de la población: falta de agua potable, inexistencia de servicio de alcantarillado, pésimo servicio de salud y educación, vías en mal estado y pobreza absoluta. “¿Qué pasará si, además, ahora el fracking acaba con la riqueza de nuestros humedales?”, se pregunta.
La preocupación de Cuéllar no es única. El fracking en Colombia lleva años intentando abrirse camino, frenado por una gran oposición social. Así, el decreto que reglamentaba su uso quedó suspendido tras una demanda ante el tribunal del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse pronto. En este impás, el Gobierno contrató a una comisión interdisciplinaria independiente para que evaluara las condiciones por las cuales podía llevarse a cabo el plan, conocido como Proyecto Kalé.
“En Colombia no tenemos elementos para saber si todo lo que se dice del fracking es cierto, así que la idea es hacer una investigación científica bajo medidas muy controladas para verificar si se afecta a los acuíferos subterráneos, si hay pérdida de biodiversidad o problemas de salud”, señala a través de WhatsApp Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, que participó como independiente en la comisión de expertos que recomendó el programa piloto.
Por su parte, Óscar Sampayo, de la Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY GEAM), que investiga los impactos de la extracción de hidrocarburos en la región, se opone. “El proyecto prevé utilizar 455 hectáreas y perforar hasta 3.000 metros de profundidad, con un pozo horizontal de 1.500 metros donde harán 20 etapas de fractura. Para ello usarán hasta 300.000 barriles de agua por fractura, y es una locura”, dice por videollamada. Además, el ambientalista destaca que la perforación se haría en un punto donde hay dos ríos –Magdalena y Sogamoso– y varias ciénagas, por lo que el riesgo de contaminación es muy alto. De hecho, muchas ciénagas del Magdalena Medio ya se encuentran afectadas por la extracción convencional de hidrocarburos.
Los opositores a esta práctica consideran que los pilotos son el Caballo de Troya con el que los promotores de esta técnica quieren abrirse las puertas e instalarse en los territorios. “Los pilotos se venden como proyectos científicos de investigación y a quienes nos oponemos nos tachan de estar en contra de la ciencia”, explica a través de WhatsApp Tatiana Roa, integrante de Cesat Agua Viva – Amigos de la Tierra. “Además, están diseñados de manera que las empresas tengan el mayor control durante todas las fases”. La organización a la que pertenece forma parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, un proceso impulsado por una centena de organizaciones. Actualmente, junto a 50 congresistas, trabajan en un nuevo proyecto de ley para prohibir definitivamente esta técnica en Colombia.
La empresa Ecopetrol será la encargada de realizar el proyecto. Buena parte del potencial de las rocas generadoras de hidrocarburos que se quieren perforar descansan justamente donde la petrolera colombiana tiene el mayor desarrollo, una zona que ya cuenta con infraestructura y refinería. “Vemos un posible proyecto de fracking como una extensión de la actual actividad petrolera, que obedecería a la responsabilidad de proveer de fuente energética a Colombia”, dice a través de videollamada Edward Tovar, autoridad técnica en yacimientos no convencionales de esta compañía. Este ingeniero de petróleos asegura que Ecopetrol proveerá la mejor información para que el Gobierno evalúe la viabilidad del piloto. “El diseño del pozo atiende un aspecto prioritario, que es proteger los acuíferos. Tenemos claro que por buscar un recurso no podemos ir en detrimento de otro y lo vamos a comprobar en campo”.
En la misma línea, el sector del gas natural en Colombia también se alinea a favor del fracking. Orlando Cabrales, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural, defiende vía telefónica la necesidad del piloto y de utilizar el controvertido método para no poner en riesgo la autosuficiencia energética del país. “Colombia multiplicaría sus reservas de gas entre 35 y 50 veces. Tenemos un millón de familias que siguen cocinando con leña y carbón”.
Independientemente del resultado de la evaluación, la poderosa industria petrolera confronta los sólidos argumentos de los expertos, que avisan del grave error que supone prolongar la dependencia de los combustibles fósiles en un contexto de transición energética por las graves consecuencias que la extracción de hidrocarburos tiene para el clima. La polarización quedó patente en la audiencia pública celebrada semanas atrás en la cámara de representantes del Congreso, que convocó a expertos a favor y en contra.
El más contundente de los intervinientes contrarios a la fractura hidráulica fue Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos. “Colombia tiene la gran oportunidad de prohibirlo e intentar remediar la contaminación tóxica que genera. Dicen que este país no puede darse el lujo de prescindir de sus riquezas de hidrocarburos porque además las regalías que produce permiten financiar programas sociales. Son argumentos equivocados: la verdadera riqueza de un país no está bajo el suelo, sino en los valores de sus pueblos y en el respeto por su territorio. No hay desarrollo sostenible sin el respeto a la vida y los derechos humanos”.
En el lado opuesto, los argumentos de los que defienden el fracking giraron en torno a la gran dependencia que tiene la economía colombiana de la actividad extractiva de hidrocarburos, y el perjuicio que supondría perder esta suficiencia energética. Y recordaron que el petróleo representa un 40% de sus exportaciones y que apenas tiene reservas para seis años.
Finalizado el piloto, se determinará la viabilidad o no del uso de la técnica. “Esperaríamos que la recogida de la información la hagan los expertos y no las empresas. Y en función de esa información, que el Gobierno tome una decisión”, apunta Andrade. Ecopetrol defiende la imparcialidad de la evaluación: “Nosotros somos la fuente de información, obtenemos los datos y los entregamos a las autoridades competentes, pero también hay un comité donde está el Gobierno y representantes de la universidad y de la comunidad que los evaluarán”, asegura Tovar.
Por el momento, Ecopetrol se enfrenta a un nuevo problema que en la región que la comunidad conoce bien. En el Magdalena Medio, la situación de derechos humanos es compleja, especialmente desde la llegada a la presidencia de Iván Duque, pues se han recrudecido los índices de violación de los derechos humanos. En este territorio, Sampayo y las demás organizaciones anti fracking conocen el alto nivel de criminalización para quienes se oponen a estos grandes proyectos: amenazas y hostigamientos por parte de grupos paramilitares, según resalta Sampayo, “todavía activos en la zona”.
Las amenazas en Puerto Wilches a los contrarios al fracking ya hicieron presencia de forma muy notoria. “Tenemos compañeras a las que les han hecho atentados en sus casas o les han dado tiro en los caminos…”, lamenta Sampayo. Fue la Comisión de expertos la que, precisamente, acuñó el concepto de licencia social, aceptado por el Gobierno, por el que una de las condiciones que proponían para realizar el piloto fue que se garantizara la transparencia, el diálogo y la participación ciudadana en todo el proceso. Al saber de las amenazas, la reacción de algunos miembros de la Comisión no se hizo esperar y a través del Foro Nacional ambiental (FNA) se emitió un comunicado en el que decían que, de persistir esta situación, sería necesario suspender la ejecución del proyecto. Andrade, uno de los firmantes, es categórico: “En un contexto de violencia, la obtención de la licencia social no es viable”.
Ecopetrol también rechazó las amenazas, pero no contemplaba suspender el piloto. De hecho, ya había abierto espacios de diálogo con la comunidad. Desde el CRY GEAM siempre echaron en falta una consulta previa real. “El Consejo de Estado dictó que la empresa debía preguntarnos si queríamos hacer el proyecto o no. Hicieron la socialización, pero no escucharon nuestra negativa”, matiza Sampayo.
Actualmente, y debido a la situación de Paro Nacional que vive, Sampayo afirma que el Gobierno sigue adelante en sus pretensiones de llevar a cabo la actividad, a pesar de que es una de las razones de que grupos ambientalistas salgan a las calles a protestar. De hecho, ya se firmó otro proyecto de investigación denominado Platero y muy cerca del Proyecto Kalé. “La dinámica del Paro ha detenido las actividades del monitoreo ambiental”, destaca Sampayo.
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