En Cancún, Quintana Roo, la organización ambiental GreenPeace, junto con colectivos como Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), han denunciado la continuidad de obras llevadas a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Laguna de Bacalar, a pesar de una suspensión definitiva ordenada por un juzgado. Los trabajos, que buscan construir una casa de descanso, se realizan sin la debida autorización de impacto ambiental.
Desde inicios de 2025, las denuncias se han intensificado en redes sociales. Activistas han documentado, a través de imágenes y videos, el dragado y el movimiento de materiales en la laguna, llevados a cabo por miembros del Ejército Mexicano. Esta situación ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ambiental que estas actividades pueden causar en un ecosistema de gran importancia.
El 8 de mayo de este año, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal emitió una suspensión definitiva en relación con estas obras, en el marco del juicio de amparo número 241/2025. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha comunicado que las obras están exentas de autorización, argumentando que no representan daños al medio ambiente. La misma dependencia promete que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevará a cabo inspecciones para asegurar el cumplimiento de medidas de mitigación.
A pesar de esta postura oficial y la impugnación correspondiente, las evidencias recopiladas en redes sociales apuntan a que las obras continuaron. GreenPeace ha levantado la voz, enfatizando que el uso de maquinaria pesada ya está alterando la morfología de la laguna, dispersando material de relleno y afectando la biodiversidad del área, así como potencialmente dañando el Fuerte de San Felipe, un patrimonio histórico de la región.
Desde estas organizaciones se ha hecho un llamado urgente a las autoridades ambientales para que actúen de inmediato, enfatizando la necesidad de proteger este invaluable patrimonio natural de México. Asimismo, están recabando firmas en una petición dirigida al gobierno mexicano para que se ordene la suspensión inmediata de las obras, respaldados por el apoyo de otros grupos como Sélvame del Tren.
Mientras tanto, la situación sigue generando tensión entre la comunidad ambientalista y las autoridades, en un contexto donde la preservación de ecosistemas únicos como la Laguna de Bacalar se enfrenta a decisiones administrativas que podrían poner en riesgo su integridad.
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