El pasado jueves 8 de enero de 2026, durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México destacó una notable disminución en los crímenes a nivel nacional. Según las declaraciones de Sheinbaum, 2025 fue el año con la menor cantidad de asesinatos en la última década, junto con una reducción de entre el 15% y 20% en feminicidios y robos con violencia. “Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados”, se manifestó la presidenta, rodeada de su gabinete de seguridad. Sin embargo, la noticia no fue recibida sin críticas. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas cuestionaron la omisión de un tema doloroso pero crucial: el incremento en las desapariciones.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, reportó que en el primer año de gestión de Sheinbaum se registraron 14,072 personas desaparecidas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con las 10,924 del año anterior, y más del doble que las 7,802 reportadas en 2019. Este aumento se produjo en un contexto trágico, donde siete buscadoras fueron asesinadas y cuatro más desaparecidas durante 2025. La comunidad académica y expertos en seguridad se muestra dividida respecto a si este incremento en desapariciones puede ocultar asesinatos o si se trata de un problema independiente que merece atención.
Carlos Pérez Ricart, académico, señala que “México es de los países del mundo que mejor sabe contar los homicidios, pero esto no ocurre con el delito de desaparición”. Explica que los registros están diseñados para buscar personas y no para el análisis cuantitativo, lo que complica la comparación con las cifras de homicidios. Según su análisis, el incremento en los reportes de desapariciones puede estar vinculado a una mayor facilidad para denunciar, pero un reporte no equivale necesariamente a un caso de desaparición forzada.
Por otro lado, Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad en México Evalúa, opina que los datos de homicidio doloso proporcionados por las autoridades no son confiables. Insiste en que las fiscalías y policías carecen de capacidad y voluntad para clasificar adecuadamente los casos, y que el crimen organizado utiliza las desapariciones como un mecanismo para evadir la atención pública. Las organizaciones de madres buscadoras resumen esta crítica con una frase contundente: “sin cuerpo no hay delito”.
A medida que se analiza la relación entre la reducción de homicidios y el aumento de desapariciones, se identifica una discrepancia en la presentación de datos. Vargas resalta que, aunque se reporta una disminución en homicidios dolosos, otros fenómenos como feminicidio y personas desaparecidas siguen creciendo. Además, las cifras de distintas instancias, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no siempre corresponden a los mismos periodos, dificultando comparaciones válidas.
Una nueva estrategia para abordar el problema de las desapariciones ha sido anunciada por la presidenta, quien indica que se presentará un nuevo registro de personas desaparecidas en los próximos días. Esta iniciativa busca iluminar una cuestión que ha quedado en la penumbra y proporcionar información más accesible sobre la magnitud de este fenómeno en el país.
El Registro Nacional cuenta actualmente con más de 133,000 víctimas desaparecidas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un proyecto denominado Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada fue lanzado para intentar clarificar la cifra “real” de desaparecidos, aunque esta estrategia ha enfrentado algunos fracasos. Se han reportado problemas como falsificaciones en formularios y la pérdida de cuestionarios, lo que ha contribuido a la debilidad de los registros sobre personas desaparecidas.
Mientras el Gobierno celebra una disminución histórica en homicidios, persiste la preocupación entre analistas e investigadores sobre la manipulación de cifras y la falta de atención a las desapariciones. Como advierte Pérez Ricart, “la crisis de desaparecidos es real y de enormes proporciones”. El camino hacia una comprensión adecuada de ambos fenómenos delictivos sigue siendo un desafío en el contexto mexicano. Las voces de las madres buscadoras resuenan con fuerza en este debate moral y social: ¿por qué no se habla de los desaparecidos?
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