La Fiscalía General de la República ha hecho avances significativos en la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un trágico incidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. Este lamentable accidente resultó en la muerte de 14 personas y dejó a decenas de heridos, provocando una profunda conmoción en la comunidad y planteando serias preguntas sobre la seguridad del transporte ferroviario en el país.
La fiscal Ernestina Godoy lidera esta investigación, que ha determinado que el exceso de velocidad fue la causa principal del siniestro. Según reportes de los peritajes oficiales, el tren circulaba a 65 km/h en un tramo donde la velocidad máxima autorizada era de 50 km/h. Esta diferencia de 15 km/h se considera crucial, especialmente en una zona de alto riesgo operativo. Especialistas en transporte ferroviario subrayan que incluso pequeñas variaciones en la velocidad pueden comprometer la estabilidad de un tren, lo que refuerza la hipótesis de que hubo una conducción fuera de protocolo.
Los hallazgos fueron más allá de este detalle. La caja negra del tren reveló que en tramos rectos alcanzó velocidades de hasta 111 km/h, mucho más allá del límite permitido de 70 km/h. Esta evidencia apunta a un patrón de conducción irregular, indicando que el exceso de velocidad no fue un hecho aislado, sino una conducta recorrida de forma consciente que puso en riesgo a pasajeros y tripulación.
Además, los peritajes descartaron cualquier tipo de fallas en la infraestructura ferroviaria, supervisando los rieles, balasto, durmientes y el material rodante. La infraestructura estaba en condiciones adecuadas al momento del accidente, lo que desvía la atención hacia el factor humano y los controles de supervisión en las operaciones.
En respuesta a estos hallazgos, la Fiscalía General ha ejercido acción penal contra los operadores del tren, acusándolos de violar la normatividad ferroviaria y de asumir la responsabilidad dolosa al exceder los límites de velocidad. Este caso podría establecer un precedente importante en materia de seguridad ferroviaria y responsabilidad penal en México.
La investigación sigue su curso, con la Fiscalía analizando testimonios, documentos internos y el registro completo del sistema electrónico del tren. Su objetivo es determinar si existieron otras fallas en la supervisión que pudieran haber contribuido al accidente. Las autoridades enfatizan que un esclarecimiento total es fundamental para prevenir nuevas tragedias en el futuro.
Mientras tanto, la comunidad y los familiares de las víctimas esperan respuestas y justicia, deseando que lo ocurrido sirva de lección para mejorar la seguridad y regulación del transporte ferroviario en el país.
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