El inquietante entramado judicial en torno a las acusaciones de trata y abusos en WWE ha dado un nuevo giro, sumergiendo a los involucrados en una severa controversia. Esta vez, la luz del escándalo no se centra en Vince McMahon, sino en la filtración de información médica confidencial relacionada con Janel Grant, una ex empleada que ha servido de denunciante en un caso federal.
El conflicto surgió cuando el equipo legal del doctor Carlon Colker, quien ha interpuesto una demanda por difamación contra la abogada de Grant, Ann Callis, presentó documentos en los tribunales. Desafortunadamente, estos documentos incluían registros médicos sensibles sin las debidas censuras, lo que llevó a que ciertos datos, como la fecha de nacimiento de Grant y detalles de sus tratamientos, quedaran temporalmente expuestos en el sistema público de la corte.
Importante mencionar que Colker no es parte acusada en la demanda principal contra McMahon y WWE. Sin embargo, Grant ha declarado que fue enviada a la clínica Peak Wellness por parte de McMahon, donde supuestamente recibió pastillas e infusiones intravenosas de manera inapropiada. Colker ha defendido su postura, negando cualquier irregularidad y acusando a Callis de perjudicar su reputación con declaraciones falsas en medios de comunicación.
Ante la gravedad de la situación, la jueza Sarah F. Russell tomó cartas en el asunto, ordenando sellar el documento original y exigiendo una versión corregida. En su dictamen, subrayó que existían razones claras y convincentes para mantener bajo sello la respuesta del doctor Colker hasta que una versión editada procediera. Aunque un nuevo escrito con datos sensibles tachados ha sido presentado, la filtración inicial sigue azotando el caso con nuevas polémicas.
Este desliz pone de manifiesto un nuevo frente dentro de un escándalo que sigue creciendo. Grant sostiene que incidentes como la demanda de Colker y las dificultades para acceder a sus expedientes médicos son parte de un patrón más amplio de represalias en su contra. De hecho, en un proceso paralelo en Connecticut, ha demandado tanto a Colker como a Peak Wellness, buscando obtener más documentos y comunicaciones que podrían implicar a McMahon, WWE o su círculo cercano.
La atención también recae sobre Alejandro Brito, el abogado que representa a Colker, quien actualmente defiende a Donald Trump en varios casos por difamación. Brito argumentó que las declaraciones de Callis podrían cumplir con el estándar de “malicia real” requerido en casos de difamación de figuras públicas, dejando abierta la posibilidad de discutir si Colker encaja en dicha categoría.
La gran interrogante persiste: ¿fue esta filtración un simple error o una estrategia calculada? Algunos expertos speculan que podría haber sido un descuido procesal por parte de los abogados de Colker, mientras que otros consideran la posibilidad de que fuese una maniobra para causar retrasos en el procedimiento o exponer información sensible de manera indirecta. Sea como fuere, el episodio realza la tensión en un caso jurídico colmado de estridencias y desafíos legales.
La información aquí presentada corresponde a datos disponibles hasta el 22 de agosto de 2025, y aunque las repercusiones continúan, el futuro legal de este caso aún se mantiene en un limbo de incertidumbre. La atención del público está centrada en la evolución de este escándalo, que sigue mostrando nuevas capas de complejidad y tensión en el mundo de la lucha libre.
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