¿Fin de la justicia garantizada?

En el contexto de la reciente elección judicial, el país inicia un capítulo marcado por la incertidumbre, una transición trascendental en el sistema de justicia que genera preocupaciones sobre la independencia y autonomía del poder judicial federal, especialmente de la Suprema Corte. La pregunta central que surge es: ¿quién velará por los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos del Estado? ¿Quién defenderá la Constitución frente a un Legislativo que busca cada vez más control? La protección de los más vulnerables, como mujeres y niñas ante la violencia, o de periodistas ante la soberbia de ciertos funcionarios, se torna crucial.

Este análisis no pretende enaltecer el sistema judicial actual como un modelo perfecto, ni ahondar en los detalles técnicos que expertos han discutido. Se han documentado casos de violaciones de derechos humanos y corrupción dentro del sistema, y aunque estas fallas deben ser abordadas, la solución no podría ser el desmantelamiento total de la estructura existente, como se perfila entre ahora y 2027. Esta decisión podría cerrar las puertas a una justicia efectiva y accesible, algo que la ciudadanía merece.

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El discurso oficial proclama que el nuevo equipo judicial será puro y diferente, instando a la población a confiar en un gobierno que asegura luchar por el pueblo y ampliar la democracia. Sin embargo, las cifras y el ambiente poco entusiasta ante la elección judicial sugieren otra realidad. No se puede ignorar el impacto que tendrá la eventual falta de preparación de los nuevos jueces, quienes deben aprender en el cargo mientras múltiples casos esperan solución. Este “aprendizaje” no puede ser un lujo en un país con tantos problemas judiciales, como las miles de personas desaparecidas o encarceladas injustamente que, lamentablemente, se verán en desventaja.

Mientras ciertos sectores celebran estos cambios como un avance histórico, medios internacionales subrayan la inestabilidad que este experimento genera, alejándose de cualquier ideal democrático. Expertos han alertado sobre la concentración creciente de poder que podría derivar de estas decisiones, un peligro que no logra ocultar el discurso triunfalista del gobierno. Este desmantelamiento no solo responde a resentimientos del pasado, sino también a un deseo de evitar que la oposición tenga herramientas legales efectivas en el futuro, protegiendo iniciativas que podrían ser inconstitucionales.

El ascenso del autoritarismo en diversas naciones ha seguido trayectorias similares, comenzando por la cooptación de poderes. Ejemplos de esto pueden verse en otros contextos, como en ciertas actitudes de líderes que manejan desdén hacia el sistema judicial cuando sus decisiones no favorecen sus intereses. La tensión entre el cumplimiento de la ley y los deseos de poder absoluto se vuelve palpable.

En este momento coyuntural, el desafío es cómo prevenir una erosión más profunda del Estado de derecho. La defensa de estos principios es esencial para garantizar que no se conviertan en meros recuerdos de un pasado ya perdido. La atención hacia el futuro debe centrarse en cómo asegurar una justicia verdaderamente accesible y efectiva, que asegure la seguridad y derechos de todos los ciudadanos.

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