La captura de María Vanessa Pedraza Madrid en Ciudad de México marca un nuevo capítulo en el complejo entramado de corrupción que ha sacudido al país. Esta exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entre 2001 y 2012, quien sirvió como asesora del exsecretario Genaro García Luna, ha sido acusada de blanqueo de recursos y delincuencia organizada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La detención tuvo lugar en la alcaldía Benito Juárez, una zona de la capital caracterizada por su status acomodado. Pedraza será llevada al penal federal femenil de Coatlán del Río, en Morelos. Los cargos que enfrenta conllevan prisión preventiva oficiosa, lo que significa que permanecerá encarcelada durante todo el proceso hasta que se emita un veredicto.
Su vínculo con García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por nexos con el narcotráfico, resalta un periodo sombrío en la historia reciente de México. Durante su tiempo en la SSP, Pedraza tuvo diversas responsabilidades, incluyendo el seguimiento de proyectos clave y la supervisión de operaciones en el sistema penitenciario. Ambos funcionarios dejaron la SSP a finales de 2012, coincidiendo con la transición del gobierno de Felipe Calderón (PAN) al de Enrique Peña Nieto (PRI).
En octubre de 2019, Pedraza fue nombrada apoderada legal de Nunvav, Inc., una compañía que ha sido identificada como un nodo crucial dentro de la red corrupta asociada a García Luna, donde se sospecha que se desviaron recursos públicos. Según informes, el exsecretario obtuvo más de 745 millones de dólares a través de contratos simulados con diversas dependencias gubernamentales entre 2009 y 2018, dinero que fluyó a través de Nunvav y otras empresas vinculadas a él.
Se ha revelado que Pedraza tenía extensos poderes en Nunvav y acceso a sus cuentas bancarias. La FGR sostiene que la empresa pudo haber operado como un vehículo para canalizar recursos de la delincuencia organizada y desviar fondos de la administración pública.
Este escándalo pone de relieve la necesidad urgente de abordar la corrupción en México, un fenómeno que no solo socava la confianza pública, sino que también tiene profundas repercusiones en la seguridad y el bienestar del país. La captura de Pedraza es un paso más en una lucha todavía larga y compleja contra prácticas que han permeado históricamente las instituciones del Estado.
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