En un paso significativo hacia la mejora de la seguridad penitenciaria en Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el traslado de 25 reos de Centros de Readaptación Social (Ceresos) de esa entidad a diversas prisiones federales en Durango, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Este movimiento, realizado de manera aérea, forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada a partir del 6 de julio de 2025, y responde al Acuerdo Nacional para Combatir el Delito de Extorsión, que ha llevado a la detención de más de 600 extorsionadores en todo el país.
García Harfuch aseguró que este esfuerzo de coordinacion busca combatir el fenómeno delictivo mediante firmeza y cohesión entre los diferentes niveles de gobierno. De acuerdo con el titular de seguridad, el traslado pretende reforzar la estabilidad del sistema penitenciario en Michoacán, especialmente para aquellos internos identificados con “comportamientos de liderazgo negativo” y otros vínculos delictivos.
En una conferencia de prensa, el secretario mencionó que los reos trasladados presentaban un potencial riesgo de reagrupamiento criminal, lo que podría conllevar a situaciones de violencia, tensiones internas, o incluso motines dentro de los penales. Las medidas de seguridad que acompañaron esta operación incluyeron la presencia de 225 elementos de las fuerzas de seguridad, una demostración tangible del compromiso del gobierno federal con la paz y la justicia en la región.
Además, se desarticuló un grupo delictivo vinculado al robo de mercancías, capturando a 12 personas, entre ellas a Mario Iván ‘N’, líder de dicha banda, en operativos llevados a cabo en el Estado de México e Hidalgo. Esto subraya la acción decidida del gobierno para hacer frente a los delitos que afectan el sector del transporte.
En otro ámbito, la dependencia de Seguridad desmintió cualquier relación entre Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), y Edgar “N”, conocido como El Limones, supuesto integrante de una organización criminal dedicada a extorsiones. Esta aclaración surgió a raíz de denuncias específicas que no están conectadas a ningún sindicato, lo que refuerza la postura del gobierno en el combate a la corrupción y el delito.
A medida que se desarrollan estos eventos, es evidente que las autoridades buscan no solo sostener una lucha activa contra la criminalidad, sino también promover un ambiente de seguridad que beneficie a la sociedad en su conjunto. Con la coordinación entre las entidades federativas y el gobierno federal, el camino hacia una mejor seguridad en Michoacán y en el resto del país parece estar en marcha.
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