Funcionario me sugirió posible encarcelamiento.

Las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC del SNA) se encuentran prácticamente desiertas. En un organismo establecido hace apenas una década para abordar los casos de corrupción más notorios del gobierno, la atmósfera en el recinto es reflejo de la crisis que enfrenta. Vania Pérez Morales, quien dejó la presidencia del comité el pasado miércoles, deja atrás un legado de intentos por combatir las malas prácticas, en medio de un contexto de denuncias y controversias contra la actual administración de Morena.

Pérez Morales, con 41 años y madre de una pequeña de cinco, destaca que la lucha contra la corrupción en México vive su “hora más baja”. Sus palabras son contundentes: “Hoy todos los días miras las noticias y hay un gran caso de corrupción”. Durante su gestión, fue una voz valiente, pero esas acciones también la colocaron en la mirilla, al sentir amenazas tanto anónimas a través de redes sociales como advertencias explícitas de funcionarios públicos. Tras dejar el cargo, la ex presidenta considera el exilio como una opción para protegerse.

El diagnóstico que ofrece sobre el combate a la corrupción en el país es desalentador. Desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, las expectativas eran altas, y los escándalos como “La Casa Blanca” o la “Estafa Maestra” evidenciaban la necesidad de un cambio. Sin embargo, asegura que hoy no existe una política de Estado efectiva en esta materia. La reciente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia fue un golpe adicional, socavando el derecho de los ciudadanos a la información.

En sus reflexiones, apunta que se había buscado colocar a los ciudadanos al frente del sistema anticorrupción para evitar coacciones partidistas. No obstante, la realidad evidenció que muchos ciudadanos en los comités trabajan alineados a intereses de gobernadores, lo que hace cuestionable la independencia del sistema. Pérez Morales considera que el espíritu original del proyecto se ha visto distorsionado.

Aunque mantiene la esperanza de que el sistema no desaparezca, admite que el camino es complicado. Actualmente, solo queda un miembro activo en el comité, lo que dificulta cualquier esfuerzo por reactivar una maquinaria compuesta por más de 300 instituciones. Aun así, asegura que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca fortalecer el sistema y castigar a las instituciones que no cumplen con su deber.

En relación con las denuncias de corrupción, Pérez Morales señala que, aunque ha incrementado la cantidad de quejas en años recientes, la efectividad sigue siendo alarmante. Según sus datos, en México se registran las más altas cifras de “cifras negras”, donde solo el 3% de los delitos se denunciaron, y apenas el 0.2% culminó en una sentencia firme. A pesar de la creciente atención mediática hacia los escándalos de corrupción, persiste la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades.

Para realmente transformar esta situación, subraya la necesidad urgente de legislar en torno a la protección de denunciantes, la recuperación de recursos malversados y la aceleración de juicios. Detalla que varios temas de corrupción, como el mal manejo en becas deportivas, siguen siendo poco visibles y merecen una investigación más profunda.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy es la falta de cooperación de muchas dependencias gubernamentales. La situación es crítica, y espera que el futuro auditor del país traiga consigo la transparencia que se necesita.

Por último, Pérez Morales ha experimentado represalias durante su gestión, enfrentando un ambiente hostil que la llevó a considerar pedir asilo político debido a la amenaza de violencia en su contra. Su mensaje final revela una preocupación latente: “Meterse con servidores públicos de alto nivel no solo es confrontar la corrupción; es lidiar con las redes del crimen organizado”. Este contexto la ha llevado a seguir su camino en la academia, buscando formas de empoderar a quienes desean denunciar.

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