El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha presentado una apelación contra la condena de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares impuesta por un tribunal de Estados Unidos. Esta sentencia se deriva de su colaboración con el Cartel de Sinaloa durante su tiempo en el cargo bajo la presidencia de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012.
La defensa de García Luna argumenta que se cometieron graves violaciones al debido proceso por parte de los fiscales y del juez del caso, Brian Cogan. En su recurso, los abogados sostienen que las declaraciones de testigos, consideradas inverosímiles, fueron fundamentalmente erróneas y que su validez no debería haber sido aceptada. De esta forma, alegan que las falencias en el proceso contaminaron la sentencia, lo que justificaría su anulación y un nuevo juicio.
La apelación fue presentada ante una nueva corte en Nueva York y destaca que al menos dos testigos de la Fiscalía proporcionaron pruebas falsas que podrían haber sido refutadas por García Luna si se hubiera admitido evidencia que no fue considerada. Un ejemplo notable mencionado es el testimonio sobre un supuesto secuestro del exfuncionario por parte del cartel de los Beltrán Leyva, evento que la defensa contradice al afirmar que García Luna se encontraba en un hospital pagando cuentas de servicios.
Adicionalmente, los abogados critican que el juez Cogan permitió la inclusión de propiedades que mostraban el patrimonio de García Luna sin que esto guardara relación con el caso específico, lo que pudo influir negativamente en la percepción del jurado. También mencionan que en juicios similares contra otros funcionarios de alto nivel por narcotráfico, las penas impuestas no se acercan a la severidad de la pena de García Luna.
El caso de García Luna ha capturado la atención pública y política en México, dado que es el primero enjuiciado a tan alto nivel por corrupción y crimen organizado. Su vinculación con el gobierno de Calderón ha intensificado los debates en torno a la relación entre la política y el narcotráfico en el país.
Condenado en 2024, García Luna se aproxima a dos años bajo un extenso y notable juicio que ha dejado huella en el discurso político. Su situación, marcada por un contexto de corrupción y poder, representa un capítulo crucial en la historia reciente de México. La resolución de su apelación podría tener repercusiones significativas no solo para su vida, sino también para el entramado político que lo rodea.
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