En los últimos años, la diferencia en los precios de gasolina entre Estados Unidos y México ha suscitado un intenso debate. Mientras que en Estados Unidos el costo de un litro de gasolina se sitúa en un promedio de 10 pesos mexicanos, en México este precio alcanza alrededor de 24 pesos. Esta disparidad ha llevado a cuestionar las razones detrás del alto costo del combustible en el país, a pesar de que los precios internacionales del petróleo han mostrado una tendencia a la baja.
Uno de los factores fundamentales que contribuyen a este fenómeno es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este gravamen, aplicado sobre cada litro de gasolina vendido, representa una parte significativa del precio final que los consumidores deben afrontar. Expertos en economía apuntan que, al preservar el IEPS, el gobierno federal garantiza ingresos fiscales cruciales, particularmente en un contexto de elevado gasto público. Proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la reestructuración de Mexicana de Aviación, todos ellos con constantes requerimientos de subsidios, incrementan la necesidad de recaudación de impuestos, incluidos los derivados de combustibles.
La repercusión de los altos precios de la gasolina no se limita a los automovilistas; tienen un efecto expansivo sobre toda la economía. El aumento en los costos del combustible eleva no solo los gastos de transporte, sino también los de producción y distribución de bienes. Este fenómeno puede trasladarse a los precios finales, generando un efecto inflacionario que impacta a toda la población.
Además, los analistas advierten que esta situación puede poner a México en una posición desventajosa en términos de competitividad energética. Las empresas y sectores industriales que dependen del uso regular de gasolina enfrentan mayores costos, lo que podría limitar su capacidad de operar eficientemente.
En este contexto, la discusión sobre la viabilidad de reducir la carga fiscal sobre la gasolina cobra relevancia, especialmente considerando el impacto que esta decisión podría tener en la economía general de la población. La presión y las expectativas sobre las autoridades gubernamentales continúan en aumento, ya que el tema de los precios de combustible sigue siendo un aspecto crítico en la vida diaria de los mexicanos.
Dicha situación se vuelve cada vez más urgente, a medida que los ciudadanos buscan respuestas y soluciones a un problema que afecta su economía personal y la dinámica comercial del país.
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