El gobierno federal ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos, logrando un ahorro de 50,000 millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026. Este logro se ha alcanzado gracias a la detección y detención de posibles actos de corrupción relacionados con sobreprecios y entrega de información engañosa por parte de algunos proveedores durante el proceso de licitación.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en una reciente conferencia, destacó que, inicialmente, se había contemplado un presupuesto total de 300,000 millones de pesos. Sin embargo, tras un escrutinio exhaustivo del proceso, se logró reducir casi un 17% del gasto previsto, lo que resalta la transparencia y eficiencia que se han buscado implementar en la gestión pública.
En su exposé, Sheinbaum enfatizó que el ahorro logrado es una evidencia tangible de un proceso más limpio en comparación con gestiones anteriores. Para el futuro, se proyecta un nuevo esquema de adquisición de medicamentos e insumos médicos que busca ser más eficiente y menos burocrático. Este nuevo enfoque incluye la fijación de un precio mínimo para cada producto; en caso de que un laboratorio no pueda cumplir con dicha tarifa, otro proveedor podrá hacerse cargo sin que sea necesario abrir un nuevo proceso licitatorio.
Sin embargo, el camino hacia la transparencia aún enfrenta desafíos. La mandataria señaló que varias farmacéuticas no están respetando los contratos que asumieron para el suministro de medicamentos en instituciones de salud pública. A pesar de que han ganado licitaciones y firmado compromisos, muchas veces no cumplen con los plazos establecidos, lo que lleva a una burocracia innecesaria y a retrasos en la atención médica.
En este contexto, Sheinbaum subrayó la complejidad del actual proceso de licitación, que involucra hasta 4,500 claves diferentes de productos, un sistema que, a su entender, resulta excesivamente engorroso. Además, mencionó casos en los que algunos funcionarios públicos habrían coludido con proveedores para favorecer a determinadas empresas, descalificando a competidores por precios más bajos por razones técnicas o irreales.
El gobierno ha tomado medidas, moviendo a funcionarios sospechosos y realizando investigaciones para asegurar que los recursos se utilicen de manera adecuada. Sheinbaum advirtió que algunos de los involucrados están aún bajo escrutinio, aunque, afortunadamente, no se ha registrado ningún daño patrimonial significativo, lo que ha permitido una respuesta menos severa en términos de sanciones.
Como parte de este esfuerzo gubernamental, se han decidido anular procesos de licitación que pudieran dañar los intereses del erario público, buscando así prevenir conflictos de interés y actos ilícitos antes de realizar la compra.
Estos avances en la gestión pública no solo buscan recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino también establecer un modelo más robusto y claro para la adquisición de medicamentos que garantice un mejor servicio a la población.
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