Después del trágico accidente de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que resultó en la muerte de más de 20 personas y dejó a muchas más heridas, el Gobierno Federal ha tomado medidas significativas para regulaciones de transporte de combustible. Estas nuevas pautas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y tienen como objetivo primordial prevenir futuras tragedias.
Entre los nuevos lineamientos, se busca combatir el robo de hidrocarburos y el uso indebido de las unidades que transportan este tipo de materiales peligrosos. La implementación de mecanismos que permitan a las autoridades verificar la legítima propiedad y procedencia del combustible transportado es fundamental.
Una de las medidas más destacadas es la inclusión de un código QR en cada unidad. Este código será accesible mediante dispositivos móviles, permitiendo una verificación inmediata por parte de la Comisión y otras autoridades. A través de este sistema, se podrá constatar la legalidad del transporte y la trazabilidad de los productos involucrados.
Adicionalmente, se establece que todas las unidades de transporte deben contar con un sistema de GPS funcional y activo. Esta herramienta será esencial para el monitoreo y geolocalización en tiempo real de los vehículos, asegurando así un control más riguroso sobre las trayectorias y operaciones.
Los vehículos también deberán incorporar balizado, que consiste en distintivos físicos y visibles que faciliten la identificación tanto del transportista como del producto en cuestión. Estos distintivos deberán cumplir con especificaciones técnicas rigurosas para garantizar su visibilidad y durabilidad en diversas condiciones climáticas.
Las penalizaciones por el incumplimiento de estas normas serán severas y estarán alineadas con lo estipulado en la Ley del Sector Hidrocarburos. Las autoridades no dudarán en sancionar a quienes no respeten las regulaciones establecidas, en un esfuerzo por mantener la seguridad y la integridad de la comunidad.
Sin duda, estas medidas son un avance crucial para la regulación del transporte de combustible en el país, buscando mitigar riesgos y asegurar un proceso más transparente y seguro en la operación de estas unidades.
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