El gobierno de México anunció este lunes el arranque de un censo nacional que abarcará alrededor de 935,000 viviendas en situación de abandono o uso irregular, con el objetivo de conocer su estatus legal y encontrar soluciones habitacionales viables para quienes las ocupan. La iniciativa será encabezada por la Secretaría del Bienestar en colaboración con el Infonavit y el Fovissste.
Durante la conferencia matutina, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó que el convenio firmado entre las instituciones permitirá identificar viviendas vandalizadas, ocupadas irregularmente o simplemente abandonadas, con miras a ofrecer soluciones sin recurrir a desalojos. “Se trata de encontrarles soluciones a todas las familias que hoy ocupan estas viviendas”, aseguró.
Del total estimado, 845,000 inmuebles corresponden a créditos otorgados por el Infonavit, mientras que 90,000 fueron adquiridos mediante financiamiento del Fovissste. Jabnely Maldonado, vocal ejecutiva de este último organismo, recalcó que el objetivo es construir un diagnóstico claro y posteriormente diseñar medidas para la regularización o recuperación de estas viviendas.
El problema de la vivienda abandonada en México tiene raíces profundas, según Romero Oropeza, quien atribuyó la situación a políticas habitacionales fallidas de administraciones anteriores, en las que se otorgaron créditos impagables para muchas personas. “La presidenta nos ha insistido mucho en el tema de las viviendas que tienen problemas y que, derivado de este mal manejo y de estos malos créditos, han sido vandalizadas, abandonadas y ocupadas irregularmente”, expresó.
Como parte de los esfuerzos para revertir este panorama, el Infonavit ha congelado los saldos de 4 millones de créditos considerados “impagables”. De estos, 2 millones fueron intervenidos al inicio del actual sexenio y 2 millones más se sumaron recientemente al programa. Además, desde marzo de este año se aplican beneficios automáticos como la disminución de tasas de interés, mensualidades y saldos.
“Esperamos que a principios del próximo año los 4 millones 25,000 acreditados ya estén en condiciones de poder pagar sus créditos y acceder a sus viviendas”, concluyó Romero Oropeza.
Con este censo, el gobierno pretende construir una nueva etapa en la política habitacional, priorizando la regularización, la rehabilitación de inmuebles y la garantía del derecho a una vivienda digna.
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