En Durango se vive un clima de descontento entre la ciudadanía, que ha iniciado una campaña masiva de recolección de firmas para oponerse al drástico aumento del impuesto predial en 2026. En pocos días, más de 8,000 personas se han sumado a la petición, denunciando la falta de justificación por parte del gobierno municipal ante los incrementos que, en algunos casos, han duplicado o superado el 100% en comparación con ajustes anuales previos que oscilaban entre 4% y 10%. Este incremento imprevisto impacta especialmente a las familias y comunidades vulnerables, dejando a muchos en una situación económica precaria.
La polémica ha crecido aún más con la circulación de una petición en Change.org. Esta plataforma ha visto cómo su apoyo ha crecido rápidamente, instando al ayuntamiento a revisar y corregir el aumento del predial. Los firmantes piden un modelo de cálculo más justo que incluya subvenciones para quienes han sido más afectados, así como una mayor transparencia en la gestión del gobierno local. La respuesta de la comunidad es clara: hay un creciente malestar social que exige acciones concretas.
Los regidores de Durango han defendido la aprobación del aumento, alegando que se destinará al desarrollo de obras públicas. Sin embargo, los ciudadanos no han tardado en criticar la falta de congruencia de partidos como Morena y Movimiento Ciudadano, que respaldaron este incremento sin realizar la consulta necesaria con la población afectada. Este descontento ha llevado a la organización de una posible marcha y un cierre simbólico en la ciudad, donde empresarios y comerciantes se están uniendo a las protestas debido al impacto económico que implica este aumento del impuesto predial.
Además, figuras como exalcaldes y opositores han calificado el incremento del predial como un “atraco” a la ciudadanía. Ellos destacan la opacidad en el proceso de aprobación por parte del cabildo y lamentan el silencio de los diputados estatales ante un conflicto que pone en riesgo la calidad de los servicios públicos esenciales en la región. La situación no solo refleja una crisis fiscal, sino también una crisis de confianza en las instituciones que deberían defender los intereses del pueblo.
La presión social continúa en aumento, y la respuesta del gobierno municipal será crucial para mediar esta creciente tensión. Los ciudadanos exigen atención y solución a un problema que afecta el bienestar de muchas familias en Durango. La historia no termina aquí; es un capítulo de una lucha por la justicia fiscal y por una verdadera representación de las necesidades de la comunidad.
(Información actualizada hasta 2026-01-10 20:57:00).
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