El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, continúa intensificando su lucha contra el huachicol fiscal. Este lunes se dio a conocer el decomiso más significativo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum: un total de 15 millones 480 mil litros de combustible, extraído de dos municipios en Coahuila. Este operativo se suma a la reciente captura de una red dedicada al tráfico ilegal que operaba en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, el primer operativo tuvo lugar en Ramos Arizpe. Aquí, la Policía estatal alertó sobre varios carrotanques estacionados cerca de una estación de ferrocarril desactivada, lo que llevó a la inspección y la detección de 3 millones 960 litros de hidrocarburo de procedencia ilegal.
En Saltillo, capital del estado, se llevó a cabo otro operativo que resultó en el decomiso del resto del combustible robado, destinado al mercado negro. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó la colaboración efectiva entre las autoridades y reafirmó su compromiso de erradicar la extracción y la venta de hidrocarburo ilícito en la región.
García Harfuch está profundizando su estrategia contra el crimen organizado en México. Esta problemática se extiende más allá de las fronteras nacionales, ya que también afecta las relaciones con Estados Unidos. De hecho, la administración anterior de Donald Trump sancionó a ciudadanos estadounidenses implicados en actividades ilegales vinculadas al huachicol. La semana pasada se decomisaron dos millones de litros de combustible en Saltillo, donde se arrestó a 11 personas que ahora enfrentan un proceso judicial.
El combate al robo y comercio de combustible ilegal inició en Tamaulipas y Baja California con operativos que resultaron en el decomiso de 10 y 8 millones de litros, respectivamente. Esta actividad delictiva se ha convertido en un objetivo prioritario para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que repercute directamente en las finanzas de la empresa estatal Pemex y representa una fuente de ingresos para el crimen organizado.
Asimismo, este tema es crucial para la relación bilateral con Estados Unidos en el contexto de la cooperación en seguridad. Las demandas de la administración de Trump por acciones más contundentes contra el crimen organizado y sus implicaciones políticas y judiciales resuenan en el esfuerzo del gobierno mexicano por controlar esta problemática.
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