Héctor Aguilar Camín desafía la falsa seguridad.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, representa un eco alarmante de un problema que va más allá de un hecho aislado: es una evidencia contundente de que la seguridad en México está fuera de control y que la ilusión de cambio en la administración actual se ha desvanecido. Este evento no solo refleja la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad, sino que también resalta la pérdida de credibilidad en esta área, que hasta hace poco parecía ofrecer algún indicio de avance.

La humillación pública sufrida por el gobernador de Michoacán durante el velorio del alcalde asesinado es un signo claro del descontento social. En vez de respuestas efectivas, la reacción del gobierno federal se ha limitado a un flujo de condolencias carentes de sustancia, mientras que las promesas de un combate real al crimen se desvanecen con el tiempo. Este ambiente de impunidad se convierte en un espiral de violencia donde los verdaderos agresores ejercen control, dejando a los funcionarios convertidos en meros decorativos.

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El mensaje es nítido: en el estado de Michoacán y tal vez en todo el país, la lección es directa: aquellos que se oponen al crimen organizado enfrentan consecuencias fatales, mientras que quienes prometen protección parecen estar más interesados en salir bien en la foto que en ofrecer verdaderas soluciones. La ironía de que el partido en el poder, Morena, sea visto como más político que cualquier otra alternativa, subraya la crítica a la ineptitud estatal en el manejo de la violencia.

Los discursos que proclaman “no habrá impunidad” carecen de fundamento cuando las autoridades permiten que las muertes sean un espectáculo público, anunciadas sin ningún tipo de repercusiones. En ese contexto, la seguridad se desdibuja, dejándola como un derecho ciudadano que se convierte en un espejismo.

Este panorama sombrío resalta la urgencia de un cambio real en las políticas de seguridad y la necesidad de restablecer la confianza de la ciudadanía en un estado que, cada vez más, parece impotente ante la violencia que despliega el crimen organizado.

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