Australia ha dado un paso significativo en la regulación digital al implementar una prohibición sobre el uso de redes sociales para menores de 16 años, medida que entra en vigor el 10 de diciembre de 2025. Esta legislación impacta directamente a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, Reddit, y muchas otras, obligándolas a desactivar las cuentas de los usuarios que no cumplan con la edad mínima o enfrentar sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos.
El propósito de esta ley es claro: reducir la exposición de los jóvenes a contenidos dañinos, acoso sexual y efectos negativos en la salud mental durante sus etapas más vulnerables. La responsabilidad de la implementación recae en el Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deportes y Artes de Australia, que ha establecido obligaciones de verificación de edad y reportes mensuales ante el eSafety Commissioner.
Esta decisión se basa en evidencia científica que relaciona el uso excesivo de redes sociales con un incremento en la angustia psicológica, autolesiones y depresión entre adolescentes. Las encuestas han mostrado un apoyo generalizado en la población para tomar medidas más estrictas en torno a la utilización de estas plataformas por los menores. Sin embargo, algunos expertos advierten que una prohibición absoluta puede ser problemática si no se consideran los efectos colaterales.
Las plataformas han reaccionado con esfuerzos de cumplimiento, pero también han expresado críticas. Empresas como Meta y Google se han comprometido a desconectar cuentas de usuarios menores de 16 años y a proporcionar vías de apelación. Snap y TikTok, por su parte, han reconocido la importancia de proteger a los jóvenes, aunque manifiestan preocupaciones sobre la eficacia de los métodos de verificación de edad y el riesgo de que los menores se desplacen a espacios menos seguros en la red.
Las críticas no se limitan solo al cumplimiento normativo. Ensayos piloto realizados por el gobierno australiano han identificado fallas en las herramientas de verificación de edad, tanto en precisión como en el respeto a la privacidad de los datos. Exigir la verificación sin crear bases de datos biométricas masivas plantea un desafío técnico significativo. Además, el establecimiento de controles invasivos podría normalizar la recolección de documentos sensibles, aumentando el riesgo de filtraciones y usos no deseados.
Desde el ámbito de la política pública, muchos argumentan que la prohibición es un enfoque punitivo y sugieren alternativas que podrían tener mejores resultados. Medidas como la alfabetización digital desde edades tempranas, herramientas de control parental auditable, y regulaciones que aborden los algoritmos de recomendación podrían resultar más efectivas. Prohibir el acceso no desvanece el atractivo de las plataformas ni evita la creación de cuentas falsas o el uso de VPN para eludir restricciones.
A nivel global, esta tendencia ha comenzado a resonar en otros países. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Francia recientemente aprobó una iniciativa para prohibir cierto acceso a redes sociales para menores de 15 años, mientras que el Reino Unido está considerando una regulación que limite el acceso a menores de 16 años sin controles parentales. Estas iniciativas subrayan un creciente enfoque sobre la geopolítica digital y la protección de los jóvenes frente a los riesgos en línea.
Aún así, el debate es complejo y no debe reducirse a una dicotomía entre protección e innovación. En América Latina, la situación es diferente; se privilegian enfoques que buscan conectar a las personas y promover derechos fundamentales, prefiriendo el acceso y la inclusión a la imposición de restricciones estrictas.
El escenario nos lleva a una introspección sobre cómo proteger a los jóvenes de los riesgos de Internet sin crear daños adicionales. La percepción general de un mundo físico inseguro ha llevado a muchos jóvenes a refugiarse en lo digital. Por ello, la educación, específicamente en entornos escolares que se perciben como seguros, debería ser el foco de atención.
Australia ha posicionado la prohibición de redes sociales como un tema central de discusión global. A medida que los países diseñan políticas, deberán fundamentar sus elecciones con evidencia que muestre la eficacia de estas medidas, siempre manteniendo un equilibrio entre la protección y el respeto a los derechos individuales. Prohibir puede resultar políticamente atractivo a corto plazo, pero es fundamental buscar soluciones más sostenibles y eficaces que respondan a las verdaderas necesidades de los jóvenes en la era digital.
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