He estado inmerso en el estudio de los impuestos indirectos y la implementación de reformas en América Latina y el Caribe. En este contexto, recientemente se presentó el Paquete Económico 2026 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que da relevancia a los impuestos que gravan productos potencialmente dañinos para la salud.
En algunos países, estos impuestos son denominados “impuestos al pecado”, un término que refleja la indulgencia en el consumo de productos que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, en el mundo desarrollado, su objetivo no es necesariamente prohibir, sino más bien desincentivar el consumo excesivo de productos adictivos. En este sentido, los impuestos aplicados por Hacienda han sido llamados “impuestos saludables”. Desde una perspectiva progresiva, estos tributos pueden generar beneficios significativos a largo plazo para la salud pública y la economía, a pesar de su posible impacto inicial en los hogares de bajos ingresos.
La evidencia científica es contundente: no hay estudios que promuevan el consumo de azúcares refinados como un medio para mejorar la calidad de vida. Los impuestos a bebidas azucaradas hacen que estos productos sean menos accesibles. Dada la preocupación por los altos índices de sobrepeso y diabetes en México, este enfoque se justifica. Sin embargo, la implementación de tales impuestos enfrenta resistencia por parte de productores y consumidores que deben asumir sus costos.
Además, es crucial que la recaudación de estos impuestos no solo se utilice para financiar tratamientos, sino también para campañas informativas que ayuden en la prevención y corrección de hábitos. Los impuestos especiales sobre productos dañinos envían un mensaje claro: tanto a productores como consumidos, sugiriendo cambios en la oferta y en los hábitos de consumo.
Aunque el IEPS a bebidas saborizadas existe desde hace más de una década, su reciente denominación como saludables es un paso significativo hacia la inclusión de la salud en la política tributaria. Sin embargo, para que estos impuestos sean eficaces, deben ir acompañados de políticas de prevención y tratamiento coherentes y eficaces, así como de incentivos que faciliten el cambio en la producción y el consumo. Cambiar comportamientos profundamente arraigados es un desafío considerable, y todavía quedan muchos retos por superar.
Esta discusión se inscribe en un marco más amplio y se alinea con las tendencias globales que buscan mitigar el impacto negativo del consumo excesivo de productos perjudiciales para la salud. Con el avance de la política tributaria, la esperanza es que se logren cambios reales y sostenibles hacia estilos de vida más saludables en la sociedad.
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