Inadmisible, apelación contra Ley de Electricidad

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció recientemente en un fallo que podría tener repercusiones significativas en el ámbito jurídico mexicano. En una decisión tomada por seis votos a favor y tres en contra, se negó dar la razón al Ejecutivo federal respecto al recurso de reclamación interpuesto contra una sentencia de la extinta Segunda Sala.

El recurso se centraba en el voto de calidad emitido por Alberto Pérez Dayán, ex presidente de dicha Sala, que había declarado la inconstitucionalidad de varios artículos clave de la Ley de la Industria Eléctrica. Este voto de calidad, que permitió que se declarara la inconstitucionalidad, fue cuestionado por el Ejecutivo, pero la Corte determinó que el recurso era improcedente.

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El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, al presentar su proyecto, enfatizó que el argumento del recurso es que el voto de calidad impugnado constituyó una decisión de trámite. Aguilar Ortiz aclaró que, aunque el voto fue considerado ilegal por no seguir el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —específicamente cuando no se obtiene mayoría en las votaciones—, los efectos prácticos de revocar dicho voto resultaban nulos. Esto se debe a que las ejecutorias en cuestión ya se habían cumplido, la ley que fue objeto del amparo había sido abrogada y las Salas de la Suprema Corte, como se conocían, habían desaparecido.

En consecuencia, la Corte propuso que el recurso de reclamación debía considerarse infundado, dado que su resolución no produciría ningún efecto jurídico en el contexto actual. La decisión de la Suprema Corte resalta la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos y el impacto que estos pueden tener en la estabilidad del marco jurídico mexicano.

Este desahogo judicial se da en un momento crítico, donde las decisiones de la Corte no solo afectan al Ejecutivo, sino que también impactan a los ciudadanos y empresas, el desarrollo energético del país y la seguridad jurídica en el sector eléctrico. Las implicaciones de este fallo se sentirán a medida que continúen los debates sobre la regulación y el marco legal de la industria eléctrica en México. A medida que avanza el 2025, observaremos cómo esta decisión influye en las políticas energéticas y en el futuro del sector.

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