En Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) establece una estrategia clara hacia la administración 2026, fijando un objetivo primordial: que al menos el 80% de las compras gubernamentales se realicen con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) locales. Este enfoque busca fortalecer el tejido económico de la región y asegurar que los recursos públicos beneficien a los poblanos.
La importancia de esta iniciativa se sustenta en la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, implementada en 2019, que hasta ahora ha sido ignorada por administraciones anteriores. Héctor Sánchez Morales, actual presidente del CCE, subraya que es fundamental que las autoridades cumplan con lo estipulado por la ley. Este cumplimiento no solo beneficiará a las mipymes, sino que alentará a una mayor inversión dentro del mercado local.
Con un gasto superior a 8,000 millones de pesos en compras por parte del gobierno estatal, esta medida abre un vasto campo de oportunidades para la consolidación de las empresas poblanas. En 2026, el presupuesto de la administración de Alejandro Armenta Mier asciende a 131,000 millones de pesos, lo que representa un incremento respecto al año previo.
La ley de adquisiciones se plantea como una prioridad para la iniciativa privada, especialmente porque asegura que los comercios locales tienen la capacidad de satisfacer grandes pedidos, algo que no se había garantizado anteriormente. Sin embargo, se ha observado un aumento solo parcial en el consumo interno de suministros, lo que indica que aún queda trabajo por hacer para que las administraciones fomenten más activamente el uso de recursos locales.
En la capital poblana, se cuenta con aproximadamente 110,000 unidades económicas, de las cuales un 70% son comercios que ofrecen diversas prestaciones. Antes de la reforma, los empresarios locales enfrentaban desventajas significativas frente a proveedores foráneos, quienes podían ajustar sus precios de manera agresiva. Ahora, se espera que las licitaciones permitan una mayor flexibilidad, con márgenes de diferencia de precios que pueden llegar hasta el 15%, beneficiando a proveedores de artículos como papelería y materiales de construcción.
No obstante, una limitante actual es que los municipios carecen de comités de adquisiciones, donde los representantes de organismos privados puedan sugerir proveedores. Esto es un referente crucial para garantizar no solo la calidad de los suministros, sino también el cumplimiento de los plazos de entrega.
El CCE resalta que su agenda empresarial es un llamado constante que se renueva cada año, dado que los gobiernos pasados no dieron respuesta a estas demandas. La intención de robustecer el consumo interno a través de compras gubernamentales es vista como un pilar imprescindible para el desarrollo económico sostenido en Puebla.
Con base en estos puntos, queda en manos de las autoridades no solo acatar la ley, sino también adoptar medidas proactivas que impulsen el crecimiento de las mipymes, asegurando así un futuro más próspero para los habitantes de la región. La implementación efectiva de esta agenda no solo beneficiará a los empresarios, sino que también será un motor fundamental para el desarrollo económico en el estado.
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