Las autoridades de Chiapas han iniciado una investigación en torno a presuntos actos de corrupción y colusión con el crimen organizado que involucran al grupo de élite conocido como Pakal, establecido hace cinco meses con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico. Esta semana, un integrante del cuerpo, Francisco Ramírez Galindo, hizo una denuncia pública a través de un video en el que acusaba a varios comandantes del grupo de abusos, fabricación de delitos en contra de inocentes, y de recibir sobornos a cambio de proteger a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Carlos Javier Pineda, el jefe de la unidad Pakal, confirmó que la investigación fue motivada por estas acusaciones y agregó que la Fiscalía estatal también ha empezado sus propias indagatorias; sin embargo, se mantiene la reserva sobre el número de personas involucradas y los delitos específicos que se investigan. Este cuerpo de operaciones especiales, compuesto en gran parte por expolicías federales y algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas, tiene como misión abordar la creciente violencia en el estado, donde los cárteles han intensificado sus luchas por el control de rutas del tráfico de drogas, armas y migrantes.
La situación en Chiapas ha sido alarmante en los últimos años debido a la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ha dejado un rastro de violencia palpable, incluyendo pueblos sitiados, homicidios y desplazamientos forzados de miles de personas. Desde el inicio de operaciones de Pakal en diciembre bajo el gobierno del gobernador Eduardo Ramírez, se les ha presentado como un modelo en la lucha por la pacificación del estado. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada por informes de derechos humanos que sugieren que la supuesta mejora en la seguridad podría estar más relacionada con una mayor militarización que con acciones concretas para desmantelar las estructuras criminales.
La incertidumbre sobre la integridad de este grupo de élite será crucial en el futuro inmediato, ya que su papel en la lucha contra el crimen organizado se encuentra ahora bajo el escrutinio público y legal. La evolución de esta situación no solo marcará la dinámica de la seguridad en Chiapas, sino que también podría tener repercusiones en la percepción pública respecto a la validez de las estrategias de seguridad del gobierno actual. La necesidad de un enfoque transparente y efectivo se vuelve, ahora más que nunca, imperativa en un estado que ha vivido durante años en medio de la violencia y la corrupción.
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