Por haber incautado sus embarcaciones en 2014 como medida en el caso de Oceanografía, el gobierno de México deberá pagar una indemnización de 6.7 millones de dólares a la empresa PACC Offshore Services Holdings (POSH), de Singapur, según determinó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El monto representa apenas tres por ciento de la suma que POSH reclamó a México desde 2018, de 227 millones de dólares, por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de contratos que la firma tenía con Oceanografía, luego de que ésta fue declarada en quiebra por Pemex.
En mayo de 2018, POSH presentó una notificación de arbitraje contra México tras considerar que sus inversiones se vieron afectadas a raíz de la inhabilitación de Oceanografía, el aseguramiento provisional de la petrolera así como de embarcaciones bajo su posesión y el procedimiento de concurso mercantil.
Esta situación, aludió la empresa, llevó al incumplimiento de contratos de Oceanografía con POSH, a quien le subarrendaba servicios entonces.
Lo anterior sucedió luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió una circular el 11 de febrero de 2014, en la que comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Oceanografía.
De acuerdo con POSH, las acciones del gobierno mexicano en contra de Oceanografía habían violado las obligaciones del país bajo el Capítulo II del Tratado Bilateral de Inversiones México-Singapur, lo que la llevó a perder su inversión en seis buques rentados a la empresa que proveía servicios de ingeniería marina a Pemex.
El tribunal del arbitraje del Banco Mundial dictó un laudo final en el caso de la demanda de POSH contra el gobierno mexicano en el que desestimó prácticamente todas las reclamaciones de la empresa salvo la de la detención temporal de algunas embarcaciones.
“La defensa del Estado mexicano demostró que prácticamente todas las reclamaciones de POSH carecían de méritos y que la cuantificación de los daños reclamados era inapropiada, evitando con ello una condena multimillonaria en contra de México”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.
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