Cada vez que se lleva a cabo un congreso de telecomunicaciones, aunque los protagonistas pueden diferir, los temas que se abordan son notablemente consistentes. Este fenómeno genera una amalgama de mensajes que, a pesar de la diversidad de voces, gravitan alrededor de temas recurrentes como la transformación digital, la tecnología 5G, la inversión en el sector y la competencia. Sin embargo, uno de los asuntos que ha persistido a lo largo de los últimos 20 años es la necesidad apremiante de modernizar los marcos legales que regulan las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La razón es clara: en un entorno cada vez más digital, muchos países de América Latina y el Caribe aún operan bajo normativas diseñadas para sistemas de transmisión tradicionales o, en el caso de algunas naciones caribeñas, con el propósito de eliminar monopolios y promover la competencia. Temas críticos como la neutralidad de red, la gestión de datos y las dinámicas del ciberespacio no cuentan con el marco regulatorio adecuado, lo que genera vacíos y diversas interpretaciones de la normativa vigente.
Las marcadas desigualdades en la regulación han captado la atención de organismos multilaterales, que han empezado a abogar por marcos regulatorios modernos que garanticen un entorno seguro para los participantes del mercado y actúen como impulsores de la inversión. Dentro de estos esfuerzos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha establecido la metodología conocida como ICT Regulatory Tracker, que permite evaluar el progreso regulatorio de alrededor de 190 países en el contexto de la economía digital.
El ICT Regulatory Tracker se fundamenta en cuatro pilares esenciales para su análisis: el entorno legal, la capacidad institucional del regulador, el nivel de competencia en los mercados de TIC y la regulación de servicios convergentes que incluyen voz, datos, video y nuevas plataformas digitales.
Entorno Legal y Normativo: Este aspecto evalúa la existencia de legislación pertinente al ecosistema digital, abarcando áreas como telecomunicaciones, protección de datos, comercio electrónico y ciberseguridad.
Capacidad Institucional del Regulador: Este pilar se concentra en la autonomía, transparencia y autosuficiencia financiera del regulador, así como en la dotación de recursos humanos y tecnológicos necesarios.
Nivel de Competencia: Un análisis de las condiciones que facilitan o limitan la competencia en el mercado, incluyendo aspectos como la portabilidad numérica y la interconexión.
- Transformación Digital de los Mercados: Evalúa la adaptabilidad del marco legal ante la convergencia y la interoperabilidad de servicios a través de diversas plataformas.
El ICT Regulatory Tracker asigna a los países puntuaciones del 0 al 100 basadas en aproximadamente 50 indicadores construidos a partir de estos pilares, proporcionando una guía clara para que los gobiernos identifiquen las áreas que requieren mejora. Para el caso de México, la última evaluación revela una preocupante caída en su puntuación regulatoria.
En el reciente informe de 2024, se destaca a la República Dominicana con 97 puntos, posicionándose como el cuarto regulador más avanzado a nivel mundial, empatando con Bélgica, Dinamarca, Pakistán y Portugal. Los otros dos países que destacan en América Latina y el Caribe son Brasil con 96 puntos y Trinidad y Tobago. Este mérito de la República Dominicana es fruto de reformas significativas lideradas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), que han incluido modernización normativa y un enfoque en la transparencia.
Además, las inversiones en conectividad y espectro radioeléctrico, junto con iniciativas innovadoras para fomentar la inclusión en el uso de las telecomunicaciones, han consolidado a INDOTEL como un modelo digno de ser seguido por otras jurisdicciones en busca de un desarrollo equitativo y democrático en el sector.
Por otro lado, se debe señalar que México, que en 2022 contaba con 94 puntos, ha experimentado una caída drástica, alcanzando apenas 72 puntos en 2024, debido a un retroceso en su entorno legal e institucionalidad.
En comparación regional, Canadá obtuvo 87.5 puntos y Estados Unidos 86.5, lo cual pone en evidencia cómo las experiencias y lecciones en materia de regulación e innovación pueden ser aplicadas de sur a norte, buscando un mejor contexto para el desarrollo tecnológico. La información presentada es de suma relevancia y permite reflexionar sobre cómo se pueden construir marcos regulatorios que no solo cumplan con serios objetivos de regulación, sino que también impulsen el crecimiento y la inclusión en el ámbito digital.
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