La reciente celebración del II Foro Nacional de Ciberseguridad, organizado en la Universidad Panamericana por la Alianza México Ciberseguro el 25 y 26 de septiembre, ha puesto de manifiesto la creciente inquietud entre la industria tecnológica, la academia y diversas autoridades sobre la urgencia de establecer un marco regulatorio claro en materia de ciberseguridad en México. Este evento reunió a representantes del sector público, reguladores, cámaras empresariales y firmas de seguridad, todos con el objetivo de transformar la discusión en acciones concretas que atiendan las demandas del ecosistema digital.
Los oradores destacaron que la rápida digitalización de servicios públicos, comercio, y salud en el país demanda la creación de una ley general, el establecimiento de un presupuesto adecuado, y la formulación de mecanismos de cooperación que actualmente no existen de forma consolidada. Ernesto Ibarra, fundador de la Alianza, enfatizó la necesidad de una estrategia nacional de ciberseguridad que se elabore desde esta plataforma colaborativa.
Con un total de 40 propuestas legislativas sobre la mesa, la necesidad de una regulación se convierte en un clamor repetido. Los participantes manifestaron su preocupación por la falta de un marco legal que resuelva las brechas en capacidades técnicas y responda a las presiones de actores internacionales y acuerdos comerciales que exigen normativas claras. Luis Miguel Dena, presidente del Comité de Premiación de la Alianza, expresó su descontento por la ausencia de una ley general después de décadas de iniciativas, señalando que esta falta es inaceptable en el contexto actual.
Para los reguladores y organismos del ámbito financiero, la seguridad no solo implica protegerse ante ataques, sino también encontrar un equilibrio entre regulación e innovación. Luis Lima Gómez, director general de Supervisión de Seguridad de la Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que aunque la digitalización trae beneficios claros, también aumenta la superficie de ataque, lo que hace vital la actualización constante de las normativas existentes.
A pesar de contar con herramientas y capacidades como un Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos y varias unidades de policía cibernética en diferentes estados, la falta de coordinación legislativa y presupuestaria adecuada sigue siendo un desafío. Armando Zúñiga Salinas, director general de Grupo International Private Security de México, insistió en que la ley debe ser construida con aportes técnicos para evitar efectos adversos sobre la innovación y el comercio digital. Destacó que el marco normativo ha sido elaborado en colaboración durante años, pero aún no se ha logrado convertir en legislación efectiva.
Dentro de las propuestas discutidas en el foro, se incluyeron no solo la creación de una ley general de ciberseguridad, sino también marcos específicos para la inteligencia artificial y los derechos digitales, así como la edificación de capacidades estatales y la inversión en talento. Según Dena, la Alianza promoverá, además de la ley general de ciberseguridad, legislaciones sobre inteligencia artificial y derechos digitales.
Aunque el país presenta avances fragmentarios, la voluntad política aún es incipiente, y la industria está dispuesta a colaborar. Sin embargo, esta cooperación necesita un andamiaje legal y presupuestal que haga que las iniciativas sean sostenibles a largo plazo. “La ciberseguridad es una tarea de todas y de todos”, subrayó Ibarra, instando a la suma de esfuerzos para transformar los diagnósticos en leyes y programas efectivos.
Si las autoridades y el Congreso toman en cuenta estas demandas, el resultado deseado por los participantes sería una política de Estado que combine legislación, presupuesto, formación de talento y cooperación internacional, asegurando así un futuro más seguro en el vasto entorno digital.
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