El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) está a punto de dar un paso significativo en el ámbito de la política social en México, ya que se prepara para evaluar por primera vez estas políticas hacia finales de este año. Este cambio se produce tras la absorción de las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, compartió esta novedad en una reciente reunión con medios de comunicación.
Actualmente, el Inegi se encuentra realizando una revisión del marco conceptual necesario para llevar a cabo esta evaluación, mientras que la responsabilidad específica de evaluar los programas sociales recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se anticipa que el Inegi, para agosto o septiembre de este año, presente un diagnóstico integral sobre la política social del país.
Márquez Colín destacó que, hasta ahora, el foco de la evaluación en México ha estado centrado en programas sociales, y no en políticas en su totalidad. Esta tendencia, según su análisis, ha llevado a una “sobreevaluación” de estos programas. Para el año 2026, el panorama es diferente, ya que la entidad no realizará un levantamiento masivo de datos, sino que se concentrará en su trabajo cotidiano, lo que permitirá un análisis minucioso de diversos temas internos.
El contexto fiscal también es relevante. Este año, de cada 100 pesos que el gobierno destina a su gasto, casi 10 se orientarán a programas sociales prioritarios como la Pensión para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 prevé un desembolso histórico de 10.1 billones de pesos, de los cuales 987,160 millones irán a programas estratégicos del actual sexenio.
La SHCP ha manifestado que la política de gasto en 2026 se enfocará en un modelo de desarrollo que garantice derechos sociales y promueva la inversión, con una visión de prosperidad compartida. Recursos prioritarios serán destinados a infraestructura y servicios esenciales como salud, educación y seguridad, todo con el firme objetivo de reducir las desigualdades estructurales y fomentar la justicia social.
Destacan, en este marco, los programas que recibirán la mayor parte del financiamiento. La Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores contará con un presupuesto aprobado de 526,508 millones de pesos, mientras que el Programa de Becas Benito Juárez tendrá una asignación estimada de 184,595 millones de pesos para este año.
En conclusión, la evaluación de la política social por parte del Inegi marca un nuevo capítulo en la gestión del bienestar en México. Con un enfoque más integral y un significativo respaldo fiscal, se delinean esfuerzos concretos para atender las necesidades de la población y reducir las disparidades sociales en el país.
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