Informe sobre 50 incidentes de violencia política.

Durante el mes de marzo, se documentaron 50 eventos violentos vinculados a actores políticos, funcionarios y candidatos, según el informe mensual titulado “Votar entre Balas”, que monitorea esta problemática alarmante. Este informe devela un panorama inquietante en el que la violencia política está afectando gravemente a quienes participan en el ámbito gubernamental y electoral.

El análisis indica que la mayoría de las víctimas mortales fueron funcionarios públicos en ejercicio, especialmente aquellos involucrados en áreas de seguridad y el gobierno ejecutivo. De los 29 asesinatos registrados, 14 correspondieron a funcionarios de seguridad, cinco a miembros del gobierno ejecutivo, dos a jueces y otros dos a dirigentes de partidos políticos en plena contienda electoral. Además, se contabilizaron cuatro exfuncionarios y dos excandidatos, quienes estaban vinculados a campañas electorales.

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El informe detalla dos casos desgarradores de candidatos asesinados: Irán Villareal Belmont, candidato a regidor de San Luis de la Paz, Guanajuato, y Carlos Augusto, candidato del PSD a alcalde de Ocotlán, Oaxaca. Ambos casos reflejan la grave amenaza que enfrentan aquellos que se atreven a pivotar en el escenario político.

En un contexto más amplio, el estado de Veracruz ha visto un aumento notable en la violencia política, donde dos candidatos a alcaldías, Anell Acevedo en La Antigua e Iván López en Cosautlán de Carvajal, se vieron forzados a abandonar sus aspiraciones tras recibir amenazas serias hacia ellos y sus familias.

En Morelos, la situación tampoco es menos alarmante. Se reportaron amenazas directas contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia, evidenciadas por la colocación de una narcomanta donde se les acusaba de liberar a presuntos líderes criminales, un acto completamente repudiable que refleja la influencia de grupos delictivos, como la Familia Michoacana.

Los estados más afectados por la violencia en marzo fueron Guanajuato y Sinaloa, con ocho incidentes cada uno, seguidos por Guerrero (6), Morelos (5) y Veracruz (5). La mayoría de las víctimas fueron hombres (45), aunque también se registraron ataques contra cuatro mujeres, así como ocasiones en las que las víctimas eran instituciones gubernamentales.

Desde 2018 hasta la fecha, se han documentado un total preocupante de 2410 ataques, asesinatos y amenazas dirigidas específicamente a individuos vinculados al ámbito político o gubernamental. El 79% de las víctimas en este período corresponden a hombres, lo que subraya la necesidad urgente de abordar esta problemática que no solo afecta a sucesos electorales, sino que también confronta la integridad del sistema democrático.

La información presentada es un reflejo de la violencia política hasta abril de 2025, un fenómeno que exige atención y acción para garantizar la seguridad de quienes participan activamente en la política del país. En un contexto donde el riesgo se ha normalizado, la comunidad debe estar atenta y exigir respuestas y soluciones para restaurar la paz en el ámbito electoral y gubernamental.

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