La intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., una entidad perteneciente a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido decretada por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este movimiento se fundamenta en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y tiene como principal objetivo proteger los intereses de los inversionistas y acreedores.
La CNBV, en su comunicado, explica que esta intervención busca reemplazar los órganos administrativos y representantes legales de la casa de bolsa. Esta acción se implementa en respuesta a las implicaciones que las recientes medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos podrían tener sobre la institución financiera. La CNBV reafirma su confianza en la solidez del sistema financiero mexicano, destacando su compromiso con la estabilidad y el correcto funcionamiento del mismo.
El contexto de estas decisiones se enmarca en las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a varias instituciones financieras mexicanas, incluyendo CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales han sido clasificadas como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero”. Estas sanciones se enfocan en el tráfico ilícito de opioides y buscan bloquear rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, particularmente cárteles mexicanos.
De acuerdo con el comunicado, la medida prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, un esfuerzo que se considera crucial para frenar las actividades de lavado de dinero que han facilitado el movimiento de recursos derivado del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Las autoridades estadounidenses han señalado que estas instituciones han permitido durante años el flujo de millones de dólares hacia cárteles reconocidos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La información sobre la intervención y las sanciones fue dada a conocer el 26 de junio de 2025, y destaca la intensificación de las acciones para combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero. El futuro de estas instituciones, así como de su regulación, es tema de creciente atención tanto en México como en el ámbito internacional.
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