La escena política en Perú ha cobrado un nuevo impulso tras el anuncio del aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte, quien vería un incremento del 120% en su remuneración. Este anuncio ha provocado un aluvión de oposiciones entre los diversos grupos de izquierda en el Congreso, que han presentado hasta ocho proyectos de ley para revertir lo que consideran un aumento “inaceptable” y “carente de legitimidad institucional”.
En este contexto, las fuerzas políticas involucradas, como la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, se han unido para exigir la derogación del Decreto Supremo N°136-2025-EF, que oficializa el aumento, cuya repercusión ha sido ampliamente debatida en los medios de comunicación y en el foro público.
Entre las medidas propuestas se contempla la creación de un “proyecto de ley multipartidario” que busca anular el decreto, así como la interpelación del primer ministro, Eduardo Arana, y del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quienes son considerados responsables de justificar el aumento. En la sesión de votación correspondiente, se observó que varias bancadas se unieron en su oposición al decreto, mientras que la bancada de Fuerza Popular se mantuvo al margen.
Adicionalmente, se ha sugerido cursar un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, solicitando la presencia de Boluarte para que explique el fundamento técnico, legal y presupuestal de su nueva remuneración. Este aumento, que haría que su salario pase de 15,600 soles (aproximadamente 3,700 euros) a 35,500 soles (8,500 euros), ha generado una respuesta ácida por parte de diversos sectores que evidencian una falta de sensibilidad en un momento de crisis social y económica en el país.
El argumento del entorno de Boluarte sostiene que el salario de la presidenta debe corresponder a su posición como la máxima autoridad del país, basándose en la jerarquía que le otorga la Constitución. Sin embargo, sus críticos replican que este incremento en medio de un contexto problemático solo se percibe como una “cachetada a la pobreza” del país, según declaraciones de representantes de Podemos Perú.
El debate en torno a esta cuestión ha dominado la agenda política, reflejando una sociedad dividida en cuanto a la legitimidad de y el timing del aumento salarial, descrito por algunos como “técnicamente positivo, pero políticamente incorrecto”. La Comisión de Fiscalización del Congreso también ha tomado cartas en el asunto al planificar la convocatoria de la presidenta para que responda ante el pleno, en un claro intento de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.
Así, la aprobación del incremento salarial y las reacciones que ha suscitado son un claro ejemplo de la agitación política en Perú, donde la lucha por la legitimidad institucional y la respuesta a las difíciles condiciones sociales y económicas continúan siendo tema central de discusión. La aprobación del aumento y la reacción que ha generado serán analizadas en los meses venideros, mientras Perú continúa enfrentando sus desafíos internos.
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