Juez acusa a 13 soldados por caso Alexa y Leidy

Un juez ha decidido procesar a 13 militares por la muerte de dos niñas en un trágico incidente ocurrido hace 11 meses en Badiraguato, Sinaloa, un área marcada por la violencia. El 6 de mayo del año pasado, en una carretera rural, los soldados abrieron fuego, disparando al menos 119 veces contra una camioneta que transportaba a la familia de las víctimas. Alexa Medina y Leidy Rojas, de 7 y 11 años respectivamente, murieron en el acto, mientras que otros cuatro ocupantes resultaron heridos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a los militares de homicidio y tentativa de homicidio, argumentando que el ataque se produjo sin provocación alguna. Inicialmente, las autoridades mencionaron que se trataba de un cruce de fuego entre el Ejército y criminales, pero testimonios de los sobrevivientes desmintieron esta versión, revelando que no hubo ningún enfrentamiento.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de los acusados intentó argumentar que los soldados dispararon en base a un error de juicio, creyendo que se encontraban ante una amenaza real. Aunque ocho de los soldados tienen 25 años o menos, el juez desestimó este argumento, señalando que el dolo era un factor clave en la acusación.

La defensa también aludió a un contexto de violencia en el estado, donde facciones del extinto Cartel de Sinaloa han estado en conflicto. Desde septiembre de 2024, esta guerra ha dejado miles de muertos y ha propiciado un ambiente de alerta entre las fuerzas armadas. Además, mencionaron un enfrentamiento previo en Badiraguato solo días antes del incidente, en el que un soldado resultó herido.

La confusión durante el ataque fue acentuada por la caracterización de la camioneta familiar, que los militares confundieron con la vehículo de criminales. Sin embargo, el hecho de que dispararon más de un centenar de veces a plena luz del día, sin observar los distintos niveles de uso de la fuerza establecidos en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, plantea interrogantes sobre su decisión.

El caso se encuentra en una fase crítica. Tanto la FGR como los defensores de los militares tienen hasta principios de julio para presentar pruebas que continúen y refuercen sus argumentos. Este proceso no solo aborda la responsabilidad de los militares, sino también refleja la preocupante realidad que enfrentan muchos civiles en contextos de alta violencia y vulnerabilidad en el país.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que brinda apoyo legal a las víctimas, ha destacado que este caso ilustra de manera palpable las consecuencias devastadoras de la política de despliegue militar sin controles efectivos. Ha instado a las autoridades a emitir mensajes claros para evitar que hechos semejantes se repitan en el futuro.

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