Un juez ha dictado una medida cautelar que suspende temporalmente los esfuerzos de deportación de la familia del hombre bajo sospecha de haber lanzado cócteles molotov contra manifestantes en Boulder, Colorado. Este ataque se produjo durante una manifestación en apoyo a los rehenes israelíes mantenidos por Hamás, y dejó a doce personas heridas.
Mohamed Sabry Soliman, quien había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo, fue arrestado en el lugar del ataque. Las autoridades migratorias detuvieron a su esposa y sus cinco hijos durante la investigación. En respuesta a este incidente, la administración del presidente Donald Trump solicitó de inmediato la deportación de la familia, quienes son originarios de Egipto.
Un comentario provocador de la Casa Blanca en redes sociales señaló que había “seis boletos sólo de ida” listos para la familia, lo que desató una ola de críticas. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que su departamento tomaría medidas severas contra aquellos a quienes considera “terroristas” en el país en situación irregular.
El juez Gordon Gallagher emitió una orden que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional expeler a Hayem El Gamal y sus hijos de Colorado o de Estados Unidos, a menos que un tribunal superior anule dicha decisión. Esta acción legal se inscribe en un patrón más amplio de fallos judiciales que han surgido en respuesta a las tácticas agresivas del gobierno federal en su lucha por la inmigración, donde algunos ciudadanos no estadounidenses han sido trasladados a prisiones en otros países.
La administración de Trump ha criticado a los jueces que se oponen a sus políticas migratorias, acusándolos de usurpar su poder en materia de seguridad nacional. Soliman, por su parte, deberá comparecer ante los tribunales en Colorado, donde se espera que enfrente cargos de odio a nivel federal, además de un cargo de intento de asesinato a nivel estatal.
Esta situación resalta las tensiones entre el sistema judicial y la política de inmigración durante un periodo de creciente polarización social y política en Estados Unidos. Mientras el caso avanza, la atención del público y los medios se centrará en las implicaciones de este acontecimiento tanto para la familia involucrada como para las políticas migratorias del país.
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