En días recientes, se ha ordenado una inspección a la refinería de Cadereyta, a pesar de que el gobierno de Nuevo León ha quedado fuera de este proceso. El juez a cargo de este caso ha considerado que tanto la refinería como las autoridades ambientales deben permitir la entrada de peritos para verificar las condiciones en que se encuentra la refinería. Este caso se ha presentado luego de una serie de denuncias por parte de la población cercana a la refinería, quienes han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales que podrían estar generando las operaciones de la refinería.
El juez ha solicitado que tanto la refinería como las autoridades ambientales colaboren con la inspección, con el fin de garantizar que se lleve a cabo de manera adecuada y se obtengan resultados confiables. Por otro lado, se ha generado controversia debido a que el gobierno de Nuevo León no ha sido incluido en este proceso, a pesar de que ha manifestado su interés en participar y colaborar con la inspección.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en temas ambientales, especialmente en aquellos que puedan tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de la población. Es crucial que tanto las autoridades como las empresas involucradas en este tipo de situaciones colaboren de manera activa y transparente con las investigaciones, con el fin de asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir y mitigar posibles impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas.
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