La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, en el contexto de una investigación por violencia de género. La decisión fue anunciada el pasado lunes y ha suscitado reacciones en diversos sectores de la sociedad. El exmandatario, quien ocupó la presidencia entre 2019 y 2023, enfrenta acusaciones que incluyen lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas hacia su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez.
Este pronunciamiento unánime del tribunal, compuesto por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, ha invalidado los argumentos presentados por la defensa de Fernández, manteniendo así la acusación. Simultáneamente, el tribunal ha decidido apartar al juez Julián Ercolini, que llevaba el caso, con el fin de asegurar la imparcialidad en el proceso.
La situación legal de Fernández se ha intensificado desde que la denunciadora, Yáñez, presentó la denuncia en 2024. Los hechos salieron a la luz tras una investigación por presunto tráfico de influencias. En el proceso se encontraron conversaciones e imágenes en el teléfono de la secretaria de Fernández, que señalaron a posibles episodios de maltrato. Con un conjunto de testimonios, pruebas médicas, grabaciones y mensajes, el juez Ercolini había dictado el procesamiento en febrero, considerando que había suficientes indicios de maltrato.
Si el exmandatario es hallado culpable, podría enfrentarse a una condena de hasta 15 años de prisión. La situación se torna crítica a medida que se avanza hacia un juicio oral y público, solicitado por el fiscal federal Ramiro González. Mientras tanto, la defensa de Fernández ha intentado recusar al fiscal, argumentando falta de objetividad, pero la solicitud fue desestimada por la Cámara.
Este caso refleja una creciente atención hacia cuestiones de violencia de género en Argentina, donde se ha intensificado el debate público sobre el tema. Con un contexto social que busca justicia y equidad, el seguimiento de este proceso judicial se convierte en un punto focal de la opinión pública y de los medios de comunicación.
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