Justicia brasileña solicita pena para Bolsonaro.

La fiscalía de Brasil ha solicitado la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de siete de sus excolaboradores por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, entre otros delitos. Estos cargos surgen a raíz de la pérdida de Bolsonaro en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto donde se alega que el exmandatario intentó obstaculizar la asunción de su rival.

En un informe reciente, la fiscalía sostiene que Bolsonaro y sus exsubordinados buscaron “garantizar la permanencia autoritaria en el poder”, tratando de perturbar violentamente el orden democrático. Detalles de la acusación indican que los delitos incluyen la “tentativa de abolición del estado democrático” y daños a bienes públicos, lo que podría conllevar penas de hasta 40 años de cárcel.

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Bolsonaro ha negado las acusaciones, afirmando su inocencia y describiéndose como un “perseguido”. Durante su comparecencia ante la Corte, reconoció haber considerado “un dispositivo constitucional” para evitar que Lula asumiese el cargo. Según la fiscalía, se ha evidenciado que el exmandatario utilizó el aparato estatal para llevar a cabo un ataque sistemático contra las instituciones y el proceso de sucesión electoral. Sin embargo, el plan fue abortado por la falta de respaldo de los altos mandos de las fuerzas armadas.

Este juicio ha generado repercusiones internacionales, incluyendo comentarios del presidente de Estados Unidos, quien ha calificado el proceso como una “cacería de brujas” y ha anunciado aranceles del 50% sobre importaciones brasileñas a partir del 31 de agosto. Lula, por su parte, planea negociar con Washington para evitar dichos aranceles, a la vez que condena la intervención del presidente estadounidense en la justicia brasileña, enfatizando la posibilidad de implementar tarifas recíprocas sobre productos estadounidenses.

Ahora, el futuro de Bolsonaro y sus allegados recae en manos del juez de la corte suprema, Alexandre de Moraes, quien también enfrenta la presión de sanciones estadounidenses por sus decisiones respecto a las plataformas de redes sociales. Este complejo entramado de acusaciones y respuesta política sigue en desarrollo, generando un clima de intensa atención tanto a nivel nacional como internacional.

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