Hablar de justicia en nuestro país suele remitirnos a tribunales, jueces, expedientes y sentencias. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar si todas las personas tienen realmente la posibilidad de llegar a ese punto. El acceso a la justicia, reconocido como un derecho humano fundamental, sigue siendo una promesa lejana para muchos sectores de la población, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.
Cuando hablamos de grupos vulnerables nos referimos, entre otros, a personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, migrantes y personas privadas de la libertad. Para ellos, la justicia no solo es lenta: muchas veces es inaccesible, incomprensible o francamente hostil.
Uno de los principales obstáculos es el factor económico. Litigar cuesta: honorarios, traslados, copias, tiempo perdido en filas interminables y audiencias que se difieren una y otra vez. Para quien vive al día, acudir a un juzgado significa elegir entre buscar justicia o llevar alimento a su mesa. Aunque existen figuras como la defensoría pública, la realidad es que estas instancias suelen estar rebasadas, con pocos recursos y una carga excesiva de trabajo que limita la atención personalizada.
Otro obstáculo importante es el lenguaje jurídico, muchas veces técnico, frío y excluyente (el cual hemos tratado de explicar con ejemplos simples desde el inicio de estas columnas). El sistema de justicia habla un idioma que no todos entienden. ¿Cómo puede una persona defender sus derechos si no comprende qué está firmando, qué significa una notificación o cuáles son las consecuencias de una audiencia? En el caso de comunidades indígenas, esta barrera se agrava por la falta de intérpretes y traductores que garanticen un proceso verdaderamente justo.
La desconfianza en las instituciones también juega un papel determinante, a pesar de que ahora ya son elegidos por el pueblo. Para muchos ciudadanos, acudir a denunciar es sinónimo de pérdida de tiempo, revictimización o incluso de riesgo. La corrupción, la impunidad y la percepción de que “la justicia solo es para quien puede pagarla” generan un profundo desencanto social que aleja a las personas de los mecanismos formales de resolución de conflictos.
A ello se suma la centralización de los servicios de justicia. En zonas rurales o marginadas, los juzgados y fiscalías suelen encontrarse a horas de distancia. El simple hecho de trasladarse implica costos y esfuerzos que no todos pueden asumir. La justicia, en estos casos, no solo es tardía, sino geográficamente lejana.
Frente a este panorama, es necesario pensar en soluciones desde un enfoque verdaderamente ciudadano. La justicia no debe ser un privilegio, sino un servicio público accesible, cercano y humano.
Una primera y posible solución es fortalecer la justicia de proximidad: juzgados itinerantes, módulos comunitarios de orientación jurídica y mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación, que permitan resolver problemas de manera más rápida y menos costosa. Muchas controversias pueden solucionarse sin llegar a un juicio largo y desgastante, siempre que exista acompañamiento adecuado.
También es indispensable simplificar el lenguaje jurídico y promover una cultura de legalidad comprensible. La justicia debe hablar claro. Las autoridades tienen la obligación de explicar, no de confundir. Capacitar a servidores públicos en trato digno, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género no es un lujo, es una necesidad.
Desde lo ciudadano, debemos impulsar la educación legal básica. Conocer nuestros derechos y obligaciones empodera a las personas y reduce abusos. Una sociedad informada es una sociedad menos vulnerable. Aquí, las universidades, organizaciones civiles y medios de comunicación tenemos un papel clave.
Finalmente, no podemos dejar de lado la participación ciudadana. La justicia no se transforma solo desde los escritorios del poder, sino desde la exigencia social, la vigilancia ciudadana y el compromiso colectivo. Denunciar, acompañar, visibilizar y proponer son actos de justicia cotidiana.
Hablar de acceso a la justicia es hablar de dignidad. Mientras existan personas para quienes la justicia sea un laberinto imposible, nuestra tarea como ciudadanos y como profesionales del derecho sigue pendiente. La justicia debe dejar de ser un ideal abstracto y convertirse en una realidad palpable para todas y todos. Esa es, en esencia, la verdadera Justicia, pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana
