El derecho a la manifestación es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Se trata de un derecho que no solo permite a las personas expresar sus inconformidades, sino que también funciona como un contrapeso natural frente a los abusos del poder. Sin embargo, cada vez que una manifestación se lleva a cabo, surge la eterna discusión: ¿hasta dónde llega este derecho y dónde comienza la obligación del Estado de garantizar el orden público? La movilización realizada este fin de semana volvió a poner el tema sobre la mesa, no solo por la cantidad de personas que participaron, sino por los excesos cometidos por ambas partes: manifestantes y autoridades.
Lo sucedido dejó en evidencia varias cuestiones relevantes y otras que, aunque ruidosas, aportan poco a la reflexión pública. Por un lado, quedó claro que la ciudadanía continúa sintiendo la necesidad de salir a las calles porque no encuentra otros cauces efectivos de comunicación con las autoridades. La gente se manifiesta porque no la escuchan, porque los canales institucionales están saturados, cooptados o simplemente no funcionan. Esa es, quizá, la mayor lección que deja esta movilización: el desbordamiento social es un síntoma de un Estado que no ha sabido atender a tiempo las demandas de su población, sobre todo en temas de seguridad Nacional.
Por otro lado, lo que no dejó nada positivo fueron los abusos —unos provenientes de quienes buscaban hacerse notar con actos de vandalismo, y otros de las fuerzas del orden que nuevamente actuaron sin protocolos claros, sin proporcionalidad y sin estrategia. Es evidente que el Estado ha fallado —una vez más para variar— en su obligación de prever escenarios de riesgo y anticiparse a la violencia. No se trata de imponer mano dura, sino de aplicar inteligencia, prevención y contención profesional. Y en esto el Estado quedó reprobado.
La manifestación mostró también los límites de nuestra estructura institucional. No basta con declarar que el derecho a la manifestación está protegido por la Constitución; hace falta que ese derecho sea garantizado mediante políticas públicas efectivas y cuerpos de seguridad capacitados. La ausencia de estas herramientas provocó que la situación se saliera de control. Lo que inició como una marcha pacífica terminó convertida en un escenario donde prevaleció la fuerza sobre el diálogo y el impulso emocional sobre la razón.
Ahora bien, ¿es benéfico salir a manifestarse en este contexto? La respuesta no es simple. Por un lado, las manifestaciones cumplen una función indispensable: visibilizan problemáticas, generan presión social y, en muchos casos, obligan a las autoridades a reaccionar. Son un termómetro de la democracia. Cuando la gente marcha, el gobierno debe escuchar, no reprimir; debe comprender las causas, no perseguir a quienes las denuncian.
Pero también es cierto que salir a las calles implica riesgos. El primero es que la manifestación sea infiltrada por grupos con intereses ajenos a las demandas legítimas. El segundo, que la autoridad responda de forma desproporcionada, lo que no solo pone en peligro a los ciudadanos, sino que alimenta el clima de confrontación. Y el tercero, que el verdadero mensaje de la protesta se pierda entre los actos violentos y la narrativa oficial que usualmente busca desacreditar a los inconformes.
La manifestación es una herramienta poderosa para exigir derechos, pero también es un escenario donde la falta de Estado y la falta de responsabilidad ciudadana pueden convertir un ejercicio democrático en una batalla campal. Lo sucedido este fin de semana demuestra que ambas partes necesitan hacer una reflexión profunda: los manifestantes deben comprender que el derecho a protestar no justifica el daño a terceros, y las autoridades deben recordar que el uso de la fuerza es el último recurso, no el primero, pues no se supone que son abrazos no balazos ¿o solo es mero discurso?
El Estado tiene una deuda grande con la ciudadanía: crear estrategias reales para prevenir que estas situaciones se salgan de control. No existen protocolos claros, ni tácticas modernas de contención, ni una visión preventiva. Las llamadas “formas de retener” que vimos esta vez fueron improvisadas, reactivas y basadas más en la fuerza física que en la capacidad institucional. Y eso evidencia una ausencia de Estado, no su presencia.
Al final, la manifestación del fin de semana dejó claro que la ciudadanía sí quiere participar, sí quiere ser escuchada y sí está dispuesta a salir a las calles cuando considera que es necesario. Lo preocupante es que el Estado no está preparado para acompañar ese ejercicio democrático con estrategias de diálogo, seguridad y respeto a los derechos humanos. Mientras eso no cambie, seguiremos atrapados entre la legítima exigencia ciudadana y la incapacidad gubernamental para gestionarla, pues ejercer justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
