En las últimas semanas hemos hablado —y con justa razón— de los derechos que tenemos todas y todos los ciudadanos mexicanos. Del derecho a votar, a ser votados, a la seguridad, a la salud, a la educación, al trabajo digno y a una justicia que, aunque tarde, debería ser pronta y expedita. Nos gusta hablar de derechos porque nos colocan, al menos en el discurso, en una posición de exigencia frente al Estado. Y está bien hacerlo. Pero hoy toca hablar del otro lado de la moneda: las obligaciones.
Porque la ciudadanía no es un menú a la carta donde solo escogemos lo que nos conviene. Ser ciudadano implica derechos, sí, pero también deberes. Y uno de los más incómodos —pero necesarios— es el pago de impuestos.
Hablar de impuestos en México es casi un deporte de alto riesgo. Basta mencionar a Hacienda para que surjan molestia, desconfianza y una larga lista de ejemplos de mal uso de recursos públicos. Muchos dirán: “¿Para qué pago impuestos si los servicios son deficientes?” Y la pregunta no es menor. La desconfianza en las instituciones no surgió de la nada; se construyó con años de corrupción, opacidad e impunidad.
Sin embargo, hay una verdad que pocas veces queremos aceptar: el incumplimiento ciudadano también debilita nuestra capacidad de exigir.
El pago de impuestos no es un favor al gobierno ni una dádiva voluntaria. Es una obligación constitucional. En teoría —y subrayo en teoría— esos recursos sirven para financiar hospitales, escuelas, carreteras, seguridad pública, programas sociales y el funcionamiento mismo del Estado. Es decir, los impuestos son el combustible de los servicios públicos.
Ahora bien, ¿eso garantiza servicios de calidad? No necesariamente. Pero la ausencia de contribución sí garantiza el fracaso.
No podemos exigir calles pavimentadas cuando nadie quiere pagar predial. No podemos pedir hospitales equipados si normalizamos la evasión fiscal. No podemos reclamar policías capacitados cuando justificamos el “no declarar” porque “todos lo hacen”. La exigencia pierde fuerza cuando no va acompañada de cumplimiento.
Ser ciudadanos cumplidos no significa ser ciudadanos sumisos. Al contrario: cumplir nos da autoridad moral. Quien paga impuestos tiene todo el derecho —y la obligación— de exigir cuentas claras, transparencia y resultados. Quien contribuye puede reclamar con mayor firmeza dónde está su dinero y por qué no se refleja en su vida cotidiana.
Aquí hay un punto clave: cumplir no es confiar ciegamente. Nadie está diciendo que debemos aplaudir a instituciones que fallan. Lo que sí debemos hacer es entender que la construcción de un mejor Estado es corresponsabilidad. El gobierno administra, pero el recurso sale del bolsillo ciudadano.
También hay que decirlo con claridad: no todos están en las mismas condiciones. La informalidad, los bajos ingresos y la falta de educación fiscal son realidades que el propio Estado ha sido incapaz de resolver. Pero una cosa es la dificultad y otra muy distinta es la cultura del “me vale”. Esa mentalidad nos ha costado muy caro como país.
Si queremos mejores servicios, primero debemos exigir reglas claras, impuestos justos y un sistema que no castigue al cumplido y premie al evasor. Pero mientras eso sucede, cumplir sigue siendo una forma de participación cívica.
La democracia no se agota en votar cada tres o seis años. También se ejerce cuando cumplimos la ley, cuando contribuimos y cuando exigimos con fundamentos. Derechos sin obligaciones generan ciudadanos inconformes; obligaciones sin derechos generan autoritarismo. El equilibrio es la clave.
Tal vez el verdadero problema no es pagar impuestos, sino no verlos reflejados. Y ahí es donde debemos concentrar la discusión pública. Pero para llegar a ese punto, primero hay que asumir lo que nos toca.
Porque al final, exigir servicios de calidad sin cumplir nuestras obligaciones es como reclamar un recibo sin haber hecho el pago. Y la justicia cotidiana —aunque duela— también empieza por casa, pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
