En columnas anteriores hemos hablado de esta herramienta tan fundamental para todo mexicano, “el amparo”, ya que se usa para todo: para frenar una multa, para detener una obra, para no pagar impuestos, incluso para mantener a raya decisiones judiciales incómodas. Y aunque el amparo nació como una herramienta para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder, con el tiempo se convirtió —en muchos casos— en una herramienta para retrasar la justicia o, peor aún, para evitar cumplirla.
Por eso, la reciente reforma aprobada en materia de amparo ha causado tanto revuelo. En pocas palabras, busca impedir que el amparo proceda en casos de créditos fiscales firmes, es decir, cuando una persona o empresa ya perdió todos los recursos legales y la deuda con el SAT quedó confirmada. También pretende agilizar los juicios y evitar que este recurso se utilice como una estrategia para “no pisar el bote” y alargar indefinidamente los adeudos con el fisco.
Pongámoslo en términos simples: imagina que un ciudadano o empresa debe impuestos desde hace años, pero cada vez que el SAT intenta cobrar, se amparan. El proceso puede durar años, incluso décadas. Mientras tanto, el dinero no entra a las arcas públicas, los intereses se acumulan y el contribuyente gana tiempo, aunque sepa que al final tendrá que pagar. Es como si alguien estacionara su coche en doble fila, le pusieran una multa, y respondiera “¡me amparo!”, solo para no pagar su multa durante años.
Con la reforma, eso ya no será posible cuando el crédito fiscal sea firme, es decir, cuando ya se haya determinado de manera definitiva. La intención es buena: hacer que los procesos sean más rápidos y que el Estado pueda recuperar recursos que legalmente le corresponden. En un país donde los juicios pueden durar más que una telenovela, y si, de las largas, y aunque suena sensato querer “agilizar” la justicia, debemos considerar que tiene sus bemoles, pues como en todo cambio legal, hay luces y sombras.
Del lado positivo, la reforma puede evitar abusos del sistema. Sabemos que hay grandes despachos especializados en usar el recurso de amparo como escudo para grandes empresas o personas con poder económico, retrasando el pago de millones al fisco. En ese sentido, la reforma busca poner piso parejo: quien deba, que pague. Además, al reducir el número de amparos improcedentes, los juzgados federales podrían desahogarse un poco y concentrarse en los casos donde realmente hay violaciones a derechos humanos o fallas graves en la autoridad.
Pero del otro lado, surgen preocupaciones legítimas. El amparo ha sido, históricamente, como lo hemos platicado, la herramienta ciudadana por excelencia para protegerse del abuso del poder. Limitar su procedencia, aunque sea en temas fiscales, puede abrir la puerta a que la autoridad tenga más margen de error sin ser revisada. No es lo mismo un gran corporativo que una pequeña empresa familiar o un comerciante que no entiende del todo los procesos del SAT y puede verse afectado por un error administrativo.
Imaginemos a doña Chonita, dueña de una panadería que durante la pandemia dejó de declarar unos meses. Cuando intenta regularizarse, el SAT determina un crédito fiscal con recargos que ella considera injustos, pero si la autoridad lo confirma, ya no podría ampararse. Para ella, el amparo no sería un escudo para evadir, sino una oportunidad de defenderse. En esos casos, la línea entre justicia y abuso puede ser muy delgada.
Además, esta reforma nos recuerda que el problema no solo es el uso del amparo, sino la lentitud y complejidad del propio sistema fiscal. Muchos ciudadanos recurren al amparo no por gusto, sino porque sienten que es la única forma de ser escuchados ante una burocracia que pocas veces explica o rectifica.
Por eso, más allá de la letra de la ley, lo que necesitamos es una justicia más accesible y comprensible. Que el ciudadano sepa a dónde acudir, cómo defenderse y que los procesos no se vuelvan un laberinto y a su vez un martirio. Si la autoridad hace su trabajo con transparencia y los tribunales agilizan los procedimientos sin sacrificar garantías, la reforma podría ser un paso positivo.
Pero si se usa solo para cerrar puertas y limitar la defensa de los contribuyentes, Pymes o pequeños emprendedores, estaremos ante un retroceso disfrazado de modernización.
En resumen, esta reforma nos pone frente a una pregunta importante: ¿cómo logramos un equilibrio entre la eficiencia del Estado y la protección de los derechos ciudadanos? La respuesta no está en regular el amparo, sino en usarlo con responsabilidad y fortalecer un sistema donde cumplir la ley no dependa del tamaño de tu cartera o de tus contactos, sino de la simple idea de justicia, pues recordemos que la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
