La soberanía de los pueblos y de los Estados es uno de los pilares fundamentales del orden jurídico internacional y de la convivencia entre naciones. No se trata de un concepto abstracto ni de una consigna política vacía; la soberanía es, en esencia, el derecho que tiene un pueblo a decidir su propio destino, a elegir su forma de gobierno, a organizar su vida política, económica y social sin injerencias externas. Es la expresión máxima de la autodeterminación y de la dignidad colectiva de una nación.
Desde el punto de vista jurídico, la soberanía implica independencia, igualdad entre los Estados y la prohibición de cualquier forma de intervención extranjera en los asuntos internos de otro país. Así lo reconocen la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional público y los tratados que rigen las relaciones entre países del continente americano. La soberanía no distingue ideologías, colores partidistas ni simpatías políticas; es un principio que protege por igual a todas las naciones, grandes o pequeñas, fuertes o vulnerables.
Sin embargo, la soberanía también debe entenderse como un derecho que pertenece al pueblo, no exclusivamente a quienes detentan el poder. Cuando un gobierno pierde legitimidad social, cuando se gobierna de espaldas a la ciudadanía o se vulneran derechos humanos, es natural que surja el anhelo de libertad, justicia y cambio. Ese deseo es legítimo, profundamente humano y moralmente comprensible. Venezuela es hoy un ejemplo claro de ello.
Durante años, millones de venezolanos han vivido una crisis política, económica y social que ha deteriorado gravemente su calidad de vida. La escasez, la migración forzada, la represión y la pérdida de oportunidades han generado una expectativa colectiva de transformación. Muchos esperaban que finalmente llegara la libertad, que se abriera una puerta hacia un futuro distinto. Ese anhelo no puede ni debe descalificarse.
No obstante, también es necesario decirlo con claridad: los métodos importan. Y lo ocurrido recientemente en Venezuela nos obliga a una reflexión profunda. La ruptura del orden interno mediante presiones externas, amenazas, acciones encubiertas o intentos de imposición desde fuera del país no puede considerarse un camino legítimo hacia la libertad. Porque cuando se vulnera la soberanía de un Estado bajo el argumento de “liberar” a un pueblo, se abre una peligrosa puerta que mañana puede tocar la de cualquier otra nación.
Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier país del continente americano. Ningún Estado está exento de conflictos internos, crisis políticas o tensiones sociales. Si se normaliza la idea de que actores externos pueden intervenir cuando consideran que un gobierno no es conveniente, entonces el principio de soberanía se debilita y el equilibrio internacional se fractura. La historia nos ha demostrado que las intervenciones, aun cuando se presenten como “humanitarias” o “democráticas”, suelen dejar más heridas que soluciones.
La verdadera transformación de un país debe surgir desde dentro, con la participación consciente de su pueblo, mediante procesos políticos legítimos, diálogo, presión social organizada y, sobre todo, respeto al marco legal. Los cambios impuestos rara vez consolidan democracias sólidas; por el contrario, suelen generar dependencia, polarización y nuevos ciclos de violencia.
Defender la soberanía no significa justificar abusos de poder ni cerrar los ojos ante el sufrimiento de un pueblo. Significa reconocer que la libertad auténtica no puede construirse sobre la imposición ni la fuerza extranjera. La soberanía es el escudo que protege a las naciones frente a intereses ajenos y también la base sobre la cual los pueblos deben exigir, por sí mismos, gobiernos responsables, justos y transparentes.
Lo ocurrido en Venezuela debe servirnos como advertencia y como lección. La solidaridad internacional es necesaria, el acompañamiento diplomático es válido y la defensa de los derechos humanos es indispensable; pero la intervención directa y la vulneración de la soberanía son caminos peligrosos que pueden sentar precedentes graves para toda América Latina.
Hoy más que nunca, es momento de reflexionar: la libertad no se impone, se construye. Y la soberanía de los pueblos no admite atajos, pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.

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