En estos días no han dejado de hablar de esta obra pública que según el gobierno estatal traerá una importante derrama económica al Estado, pero también es un proyecto que nos recuerda lo que nos falta: participación ciudadana.
Veamos porque, en los medios de comunicación, así como en redes sociales ha comenzado a circular la noticia de un nuevo proyecto para instalar un World Trade Center (WTC) en el estado de Morelos y no, no estoy hablando del que ya todos los morelenses conocemos, el cual ha sido testigo de diversos eventos sociales, culturales, incluso como plataforma para varias figuras públicas; estoy hablando de esta obra que será construida en una de las plazas más famosas y antiguas de Cuernavaca, la cual dejo de funcionar por diversos inconvenientes que generaba a sus al rededores, pero veamos. Este complejo que, según se ha anunciado, pretende detonar el desarrollo económico, atraer inversiones y generar empleos. Suena bien, ¿no? Después de todo, cualquier iniciativa que impulse la economía local es bienvenida en un Estado que, desde hace años, busca consolidar una base económica sólida.
Sin embargo, más allá de los números y los discursos optimistas, surge una pregunta inevitable: ¿quién decidió que este proyecto representa lo mejor para Morelos? ¿Hubo una consulta, un debate público o una opinión ciudadana que respaldara su implementación? La respuesta, tristemente, es no. Y aquí está el verdadero problema: en Morelos no existe una Ley de Participación Ciudadana que nos permita decidir sobre este tipo de asuntos.
Mientras en otros Estados de la República —y en países con democracias más maduras— los ciudadanos pueden ejercer herramientas como el plebiscito, el referéndum o incluso la revocación del mandato, en Morelos seguimos al margen de ese derecho elemental de decidir sobre lo que nos afecta directamente o no.
Un proyecto de la magnitud de un WTC no solo implica inversión y progreso; también representa impactos urbanos, ambientales y sociales, pues quien conoce al estado y sobre todo, quien transita por ahí sabe bien de lo que hablo, ya que el tráfico es peor que periférico en fines de semana.
Además, esto implica transformar el entorno, modificar los precios del suelo, generar desigualdad en ciertas zonas o incluso alterar la dinámica económica local. No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de exigir que este se construya con consenso, transparencia y visión ciudadana.
Hoy no contamos con una ley que nos dé voz para aprobar o rechazar proyectos de esta envergadura. Tampoco tenemos la posibilidad de participar en la creación de nuevas leyes o en la decisión sobre incrementos de impuestos. Nuestra democracia, en los hechos, sigue siendo observadora y no participativa.
La Ley de Participación Ciudadana no es un capricho ni un adorno jurídico; es una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la sociedad. A través de ella se pueden establecer mecanismos como el plebiscito, que permite decidir sobre acciones del Ejecutivo, o el referéndum, que da la posibilidad de aprobar o rechazar leyes propuestas por el Congreso. Incluso podrían incorporarse figuras de presupuesto participativo o consultas públicas obligatorias para proyectos que modifiquen el territorio o el entorno urbano.
Si existiera esa ley en Morelos, hoy podríamos estar votando si queremos o no un WTC, o si lo que nos conviene a lo mejor es mejorar el que ya tenemos. Si aprobamos o no determinados gastos públicos, o si respaldamos o rechazamos la creación de nuevas contribuciones. Pero no la tenemos. Y mientras no la tengamos, las decisiones seguirán tomándose desde arriba, sin la voz de quienes vivimos abajo, donde las consecuencias son reales y cotidianas.
No se trata de politizar el debate, sino de madurar como sociedad. Los gobiernos deben entender que gobernar no es imponer, sino construir de la mano de la ciudadanía. Pero nosotros, los ciudadanos, también debemos reconocer que la indiferencia es el terreno fértil donde crece el abuso y la falta de transparencia.
Cada vez que callamos ante una decisión impuesta, cada vez que no exigimos rendición de cuentas, contribuimos —aunque sin querer— a mantener un sistema donde el ciudadano es solo espectador. Y mientras eso siga ocurriendo, proyectos como el WTC se presentarán como “hechos consumados”, sin importar si realmente representan el bien común.
Por eso, más allá de si estamos a favor o en contra del WTC, lo que hoy debemos exigir es una Ley de Participación Ciudadana que nos devuelva el poder que siempre debió ser nuestro: el poder de decidir.
Morelos tiene gente pensante, trabajadora, comprometida con su tierra. Pero ese compromiso necesita traducirse en acción. Necesitamos pasar de la queja a la propuesta, del comentario en redes sociales a la exigencia institucional.
La participación ciudadana no es una concesión del gobierno; es un derecho. Y es momento de ejercerlo.
Porque si no decidimos nosotros, otros seguirán decidiendo por nosotros, y recuerden amigos que la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
