Por Juan Carlos Sánchez Magallán
La justicia social es un precepto que impulsa el respeto y la igualdad de todos los derechos que son intrínsecos e inalienables a las personas, así como el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo cultural, social y económico de las personas. Justiniano, el emperador bizantino, definió la justicia como la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo que es debido.
La justicia social es un concepto complejo que abarca temas como la igualdad social y de oportunidades, en un estado de bienestar para combatir la pobreza, reivindicando los derechos laborales y su salvaguarda en el ánimo y deseo de construir una sociedad más justa y equitativa que permita vivir en paz y en sana convivencia.
La justicia social debe dirigirse en los propósitos para disminuir los márgenes de exclusión y discriminación de los ciudadanos; los estudiosos del tema afirman que la justicia social vendría a ser más o menos lo propuesto por Aristóteles en su “justicia distributiva”, donde lo correcto o justo en la repartición de los bienes de una sociedad encargada de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes imprescindibles, como lo son la educación y la alimentación.
Los especialistas del tema refieren históricamente cómo surgió la justicia social como una respuesta a los abusos cometidos a los trabajadores del siglo XVIII, por los monarcas europeos, fue así como diversos pensadores adoptaron esta filosofía de vida en el siglo XIX, en especial los católicos fundadores de la doctrina social de la Iglesia. Décadas después, los socialistas fabianos heredaron este concepto a la social democracia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incorporó esta efeméride como una necesidad de conmemorar para darle el valor universal que necesita; existen tres corrientes históricas para entender y enarbolar la justicia social: la primera entiende a la acción revolucionaria para la redistribución forzosa del poder —los ultras de izquierda—, otros proponen un proceso gradual y progresivo de ampliación de derechos y libertades, incluidas las democráticas, que permite a la sociedad sentar las bases para impulsar su desarrollo, y la tercera, que pregonan los neoliberales que abogan por “un Estado de bienestar” con el adelgazamiento del Estado y soltando las anclas de la economía en la ley de “la oferta y la demanda”.
Existen distintos tipos de justicia: la social económica, que regula la distribución de la riqueza que produzca condiciones de igualdad frente a tanta desigualdad. La justicia social laboral, que contempla las bases jurídicas entre patrones y trabajadores, sus relaciones en el trabajo, las condiciones de higiene y bienestar que procuran para el ejercicio pleno de sus actividades, las prestaciones laborales de todo tipo: derecho al trabajo digno, jornada de trabajo y descanso, vacaciones pagadas, salario justo, participación de las utilidades de la empresa, capacitación y adiestramiento, protección a la maternidad, permiso de paternidad, etcétera.
Así, los principios básicos de la justicia social son: la igualdad social, donde todos los miembros inteligentes de una sociedad tengamos la garantía de realizar, sin exclusión, el ejercicio de todos nuestros derechos políticos, humanos, civiles, económicos y sociales en igualdad frente a la ley, e igualdad de oportunidades y con un gobierno eficaz en la prestación de servicios procurando equidad y bienestar para todas y todos. Lo anterior, para fortalecer el contrato social que se ha fracturado por el aumento de las desigualdades, los conflictos y el agotamiento de las instituciones dedicadas a proteger los derechos de los trabajadores. Sin lugar a duda, la más excelente de todas las virtudes es la justicia. ¿O no?, estimado lector.
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