Las instituciones judiciales en la Ciudad de México enfrentan nuevos retos ante la actual situación de inquietud provocada por la pandemia de COVID-19. En un contexto donde la salud pública predomina sobre todas las actividades, los jueces federales han optado por declarar un día inhabil por causas de fuerza mayor. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de trabajadores judiciales como de las personas que buscan atención en dichos espacios.
La determinación de cesar actividades en los juzgados refleja un esfuerzo por adaptar el funcionamiento del sistema judicial a las particularidades de la crisis sanitaria. Con un enfoque en la prevención, se busca evitar concentraciones de personas que podrían poner en riesgo la salud pública, alineándose así con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.
La inhabilitación de este día no solo busca proteger a los involucrados en procesos judiciales, sino que también resulta en la reprogramación de diversas audiencias y trámites, lo que podría provocar retrasos significativos en la justicia. Este fenómeno no es exclusivo de la capital, ya que otros estados del país han implementado medidas similares, generando un impacto en diversas áreas del derecho y en la actividad judicial en general.
Es esencial entender que, aunque estas decisiones son tomadas en el marco de la emergencia sanitaria, el sistema judicial continúa operando bajo protocolos ajustados que permiten la atención de casos urgentes. La implementación de medidas tecnológicas ha probado ser crucial, pues las audiencias virtuales se han convertido en una alternativa viable para mantener la continuidad del debido proceso y la administración de justicia, permitiendo que la función judicial no se detenga por completo.
Sin embargo, la realidad es que la pandemia ha extenuado a un sistema que ya enfrentaba desafíos significativos. La balanza de la justicia, que debe mantenerse equitativa, presenta hoy un contexto donde los procedimientos se prolongan y los ciudadanos pueden experimentar mayor incertidumbre.
En este marco, la comunidad jurídica y la sociedad civil están llamadas a observar cuidadosamente las decisiones que se tomen en lo recientemente establecido, evaluando sus impactos tanto a corto como a largo plazo. Los desafíos que enfrenta el sistema judicial podrían ser la oportunidad para la implementación de reformas y mejoras en la eficiencia del mismo, adaptándose a nuevas realidades y necesidades sociales.
Así, la declaratoria de un día inhabil en los juzgados de la Ciudad de México pone de manifiesto la complejidad de la situación actual y la necesidad de mantener un equilibrio entre la salud pública y el ejercicio de los derechos judiciales. La mirada hacia una justicia resiliente y moderna se vuelve más relevante que nunca en tiempos de crisis.
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