La reciente exclusión del Partido Acción Nacional (PAN) de las negociaciones sobre la reforma electoral ha provocado un fuerte rechazo por parte de su dirigencia. Jorge Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se manifestó en la explanada del INE, argumentando que el diálogo fue cancelado por Morena y el oficialismo. Acompañado por los líderes del partido, Romero destacó la gravedad de los cambios propuestos en el sistema de partidos vigente.
La iniciativa, que la presidenta Claudia Sheinbaum confió a la comisión liderada por Pablo Gómez, aún no ha sido publicada. Sin embargo, Romero aprovechó la ocasión para señalar dos temas cruciales en la discusión: la eliminación de la representación proporcional y la disminución del financiamiento público a los partidos. En este contexto, se anticipan recortes severos en las prerrogativas que los partidos nacionales y el INE reciben para sus actividades.
La propuesta de recorte presupuestal plantearía que, si el financiamiento estatal se reduce, sería posible que los partidos recurrieran a la recolección de recursos de entidades privadas. Romero cuestionó las implicaciones de esta medida, sugiriendo que podría generar la nulidad inmediata de elecciones o, en el peor escenario, la desaparición de partidos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado. La naturaleza de su advertencia dejó sin aclarar si se refería a hechos ocurridos o a un riesgo futuro, pero su postura respecto a la reducción de prerrogativas fue clara: el PAN no tendría inconvenientes si se trata de una política de austeridad general, siempre que no se aplique al presupuesto del INE ni a la representación proporcional.
En paralelo, el clima de actividad corporativa no se detiene en el país. BlackRock ha aumentado su participación en Grupo Televisa, escalando de 4.4% a 4.6% del capital social, lo cual equivale a 134.4 millones de certificados de participación ordinaria. Esta maniobra llega en un momento de reestructuración en la propiedad de la emisora, donde JP Morgan también ha amplificado su participación, ahora situada en 4.8%. Inversionistas como Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega han reforzado sus participaciones a 5.35%.
Por otro lado, la administración pública enfrenta críticas. Se ha presentado una queja al Órgano Interno de Control de la Secretaría de las Mujeres sobre presuntos abusos de autoridad y violencia laboral por parte de altos funcionarios de la dependencia. En el relato de la víctima, se narra un período de agresiones que culminó en una renuncia forzada, revelando los retos internos en la gestión de recursos humanos en el gobierno.
Las tensiones políticas y los movimientos en el sector empresarial muestran un panorama dinámico, donde el futuro de la reforma electoral y la estabilidad institucional parecen colisionar en un contexto de creciente incertidumbre.
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