La comisión parlamentaria de investigación del caso Kitchen agregó este jueves una nueva sesión presidida por los silencios. Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas y confidente de la trama policial que espió al extesorero del PP sin control judicial a partir de 2013, se negó en una comparecencia de poco más de una hora a contestar a ninguna de las preguntas de los diputados. “Esto se está investigando y una parte muy importante está bajo secreto. Me voy a acoger a mi derecho a no contestar”, ha asegurado Ríos al comienzo de la sesión. A partir de ese momento, silencio o simples negativas con la cabeza ante algunas afirmaciones de los parlamentarios. Ríos, que en la actualidad es policía, se ha convertido así en el quinto imputado en el caso Kitchen que se niega a facilitar información a los diputados. Estos silencios, pero también la escasa documentación que ha llegado al Congreso tras la negativa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a remitir parte del sumario, es señalada por varios diputados de la comisión como la principal causa de los escasos avances en la investigación parlamentaria tras dos meses de sesiones y 20 comparecencias. Solo restan 10.
El testimonio del exchófer de Bárcenas era relevante tras conocerse que, el pasado octubre, mostró su disposición a colaborar en las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Hasta entonces, Ríos solo había admitido que dos de los comisarios implicados en la trama, José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo (este último, exasesor de María Dolores de Cospedal cuando la dirigente del PP fue presidenta de Castilla-La Mancha), le habían captado para que colaborase y, a cambio, le hicieron entrega de dinero procedente de los fondos reservados. Sin embargo, tras cambiar su estrategia de defensa, aportó a la causa el teléfono móvil que uno de los policías implicados en la trama le entregó para que contactara con ellos y detalló cuáles fueron las instrucciones que recibió y quién se las dio. García-Castellón abrió con ello una subpieza separada dentro del sumario que mantiene hasta ahora secreta.
Los primeros imputados en escudarse en el silencio durante sus comparecencias ante la comisión fueron los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos se limitaron a afirmar, el pasado 15 de abril, que ni participaron ni tuvieron conocimiento de aquel operativo policial que tuvo como objetivo sustraer al extesorero la documentación comprometedora para el PP. En otros momentos, ambos mandos policiales se escudaron en la “reserva” que existe sobre las operaciones policiales para no responder a las preguntas que les planteaban los diputados.
Una postura similar de silencios continuos permaneció, el 5 de mayo, el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de Cospedal. Gómez Gordo se limitó a asegurar que el espionaje al extesorero se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial rechazó seguir respondiendo “para no perjudicar” su situación judicial. “Mi versión la he dado en sede judicial y me reitero en ella”, afirmó. Ante el juez García-Castellón, el comisario había admitido que fue la persona que captó al chófer de Bárcenas y que, además, le pagó su colaboración con fondos reservados. Gómez Gordo recalcó ante el magistrado que actuó “de buena fe, porque [el extesorero] era el delincuente número uno”.
Asimismo parco en explicaciones fue el comisario Eugenio Pino, señalado por la investigación judicial como el presunto responsable policial de la Operación Kitchen. Pino, que en sus declaraciones como imputado ante el juez admitió que el operativo de espionaje a Bárcenas era conocido por la cúpula de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy y por dirigentes del PP, justificó su silencio en el Congreso porque considera la investigación parlamentaria “política” y existían unas pesquisas judiciales aún abiertas. Tras una sucesión de “no voy a contestar”, “sin comentarios” o “ya se lo dije al juez”, Pino rompió su silencio en contadas ocasiones. Una de ellas, para negar que existiera una operación llamada Kitchen, nombre que atribuyó al comisario Villarejo. En otra, para rechazar que hubiera existido una Operación Cataluña contra el independentismo. “No nos ordenaron nada por parte del Gobierno”, ha asegurado sobre ambas, exculpando al Ejecutivo de Rajoy de su génesis.
Los que sí respondieron
En el lado opuesto se ha situado el comisario Enrique García-Castaño, también imputado, y cuya intervención es calificada por los diputados como la “más valiosa” hasta ahora. García Castaño, conocido como El Gordo, aseguró que recibió instrucciones del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para espiar a Bárcenas y que, “por supuesto”, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto. El agente, que colabora con la justicia, también mostró su convencimiento de que tanto el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Cospedal estaban informados de la Operación Kitchen. También aportó información e, incluso, documentación, el comisario jubilado Marcelino Martín-Blas. Imputado en la causa, Martín-Blas facilitó a los diputados detalles del enfrentamiento entre altos mandos policiales que desembocó en la llamada guerra de comisarios que destapó en 2018 el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, cinco años después de que se realizara.
Otra comparecencia calificada de relevante por varios integrantes de la comisión parlamentaria fue la del inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y que en el sumario de la Operación Kitchen ha declarado como testigo. Morocho detalló a los diputados las trabas que la cúpula policial en la etapa de Fernández Díaz en Interior puso a la investigación de la trama de corrupción. El agente explicó que, en enero de 2015, cuando eran más intensas las pesquisas sobre la caja b del PP, fue destinado por el máximo responsable uniformado de la Policía, el comisario Eugenio Pino, a otras funciones para evitar el avance de la investigación.
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