La Corte enfrenta semanas decisivas por juicios fiscales

En un giro notable en el panorama fiscal de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha enfrentado una serie de juicios que han culminado en una devastadora pérdida de 32,000 millones de pesos en favor de la Hacienda pública. Esta situación es apenas la punta del iceberg, ya que el sistema judicial mexicano se encuentra atestados de litigios que involucran hasta 2 billones de pesos en créditos fiscales impugnados, y que tendrán su propio desenlace en las próximas semanas.

La Suprema Corte está a punto de emprender tres semanas cruciales para la revisión de casi 50 casos fiscales, muchos de los cuales son legados de las administraciones judiciales anteriores. La urgencia de esta revisión se ha intensificado gracias a una reforma impulsada por el gobierno, que establece un plazo fijo de seis meses para resolver estos litigios, reflejando la creciente presión del Ejecutivo para abordar un tema que considera prioritario.

Entre los involucrados, destacan grandes empresas como Arcelormittal México y General Motors, así como diversas otras que lidian con impugnaciones que abarcan desde el impuesto sobre la renta hasta la posible doble tributación del IVA en maquiladoras, un tema que inquieta profundamente a estos sectores. Durante el período entre 2019 y 2023, se estima que las operaciones afectadas ascienden a 279,000 millones de pesos, con un impacto estimado de 44,000 millones de pesos en la recaudación que el SAT dejó de percibir. La ministra Lenia Batres indicó que este monto podría ser considerablemente mayor, posiblemente alcanzando hasta 250,000 millones de pesos en devoluciones.

La resolución de estos casos es crítica no solo por las cifras involucradas, sino también por el impacto que tendrá sobre futuras disputas fiscales. Más de 30 litigios claves contra el SAT, relacionados con la doble tributación, están actualmente paralizados en espera de una decisión de la Corte que establecerá un precedente definitivo. Este asunto recae en la ministra Yasmín Esquivel, cuyo proyecto fue pospuesto recientemente a solicitud de la ministra Batres.

El régimen fiscal relacionado con el programa IMMEX, que permite la importación temporal de insumos sin IVA para productos que serán exportados, ha sido objeto de escrutinio. Este sistema ha favorecido el desarrollo de la cadena productiva en el país, pero el cambio en los criterios fiscales desde 2019 ha llevado a un clima de incertidumbre para muchas empresas. El caso del calzado importado, que recientemente fue excluido de este régimen, refleja un enfoque del gobierno para proteger a la industria nacional.

Con un saldo de créditos fiscales que ha crecido un 507% en la última década, alcanzando 3.12 billones de pesos, el SAT se enfrenta a la difícil tarea de recaudar recursos. Sin embargo, de esta cantidad, solo 603 millones son considerados viables para cobro. A pesar de los desafíos, el gobierno está decidido a recuperar lo perdido; el año pasado, enfrentó más de 15,000 juicios fiscales y logró ganar 8,428, generando ingresos por 198,263 millones de pesos. Esto simboliza un triunfo notable en su lucha contra la evasión fiscal, con un incremento de casi 500,000 millones de pesos en la recaudación, respecto al año anterior.

Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si las maquiladoras están eludiendo impuestos o si, por el contrario, el SAT está intentando cobrarles más de lo que corresponde legalmente. La resolución de estas cuestiones no solo impactará en las finanzas públicas, sino que también marcará un hito en la relación entre el gobierno y el sector empresarial en México. La atención está puesta en cómo se desenvuelven los acontecimientos en los próximos días.

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