A cinco meses de revelarse uno de los mayores escándalos de corrupción en el sexenio de Claudia Sheinbaum, la trama del contrabando de combustible en las aduanas de México sigue dando de qué hablar. A pesar de la orden de arresto en su contra, los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna mantienen sus salarios como altos mandos de la Secretaría de Marina. Este hecho ha reavivado el debate sobre la prescripción de inocencia y los derechos laborales de los militares involucrados.
La controversia surgió esta semana, cuando se informó que los hermanos, a pesar de ser identificados como líderes en una red de contrabando, siguen activos en sus cargos. Su abogado, Epigmenio Mendieta, argumenta que existen procedimientos formales que deben seguirse para dar de baja a los marinos, lo que incluye un proceso legal extenso y la posibilidad de amparos. Este argumento destaca la complejidad que enfrentan las fuerzas armadas en un caso que, si se considera que los delitos se cometieron dentro de su jurisdicción, podría ser juzgado por la justicia militar.
Desde el inicio de este sexenio se ha promovido –al menos en la narrativa oficial– un mito de incorruptibilidad de las fuerzas armadas, lo cual se ha cuestionado en el contexto actual. En un contexto político donde se han entregado áreas fundamentales de la administración pública a militares, como la gestión de aduanas y grandes proyectos de infraestructura, la posibilidad de que estos puedan incurrir en actos de corrupción plantea interrogantes serios sobre su rol.
Según la Fiscalía General de la República, la conspiración involucra a marinos, funcionarios públicos y empresarios, que han estado operando un sistema de contrabando que ha permitido la entrada ilegal de millones de litros de gasolina al país. Los hermanos Farías Laguna, en particular, han sido señalados por utilizar su influencia para colocar a personas de su confianza en posiciones clave, lo que facilitaría la actividad delictiva.
Manuel Roberto se encuentra actualmente detenido en el Penal del Altiplano y se encuentra en la fase de investigación complementaria, mientras que Fernando Farías Laguna se encuentra prófugo y planea presentarse ante la justicia una vez resuelto un amparo que le permita enfrentar su proceso en libertad. A pesar de los indicios de que habría más detenciones relacionadas con este caso, hasta el momento no se han registrado nuevos arrestos relacionados con la red de contrabando.
Este caso resalta la necesidad de un mayor escrutinio sobre el papel de las fuerzas armadas en la administración pública y la urgente discusión sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas en un contexto donde el poder militar en México sigue en expansión. La situación actual plantea un desafío no solo para el sistema de justicia, sino también para la confianza pública, ante la expectativa de cómo se resolverán las acusaciones que han sacudido los cimientos de la administración actual.
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