En el actual panorama político, la corrupción ha nuevamente tomado el centro del debate en San Lázaro. Durante un reciente foro que abordó la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, la OCDE enfatizó que este problema, que afecta hasta un 10% del Producto Interno Bruto (PIB), no solo es una cuestión económica, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La exhortación fue clara: hay que transitar de acciones reactivas a estrategias preventivas. Para esto, se requiere una mayor recopilación de datos, una fiscalización más robusta —incluyendo la electoral— y la necesidad de establecer reglas que se alineen a los compromisos internacionales. Esta reforma se presenta como una valiosa oportunidad que el país no puede permitirse desperdiciar.
Por otro lado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha iniciado el registro de proyectos para el Presupuesto Participativo correspondiente a 2026 y 2027. Este mecanismo permite a los ciudadanos decidir en qué destinar parte del dinero público, favorablemente orientado a la mejora de espacios comunitarios y a la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, habrá que observar cuántas de estas propuestas logran pasar el filtro técnico de las alcaldías y se traducen en acciones concretas.
Adicionalmente, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ha manifestado la necesidad de adoptar un enfoque más inteligente en la lucha contra la delincuencia organizada. Según lo expuesto por el Servicio de Protección Federal, no se puede combatir a esta problemática únicamente mediante el aumento de patrullas; es esencial seguir el rastro del dinero y entender que el crimen no es solo una acción, sino también un negocio con estructuras y fachadas legales. Esta perspectiva se alinea con la narrativa oficial, que aboga por una mayor formación y un enfoque más integral, lejos de las intervenciones aisladas que hasta ahora han sido la norma.
Es un momento decisivo para el país, donde la implementación efectiva de estas recomendaciones podría transformar no solo el sistema de seguridad y fiscalización, sino también la relación de la ciudadanía con sus instituciones. La pregunta que queda es si se tomarán acciones concretas que garanticen un verdadero cambio y que, sobre todo, restablezcan la confianza en el sistema democrático.
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