El panorama económico de México hacia finales de 2025 presenta un escenario frágil que preocupa a analistas y mercados. A medida que el año se acerca a su fin, las expectativas de crecimiento se ajustan a la baja, reflejando un contexto que se aleja de la inversión productiva y se adentra en una mediática administración del consumo. La Encuesta de Expectativas de Citi muestra un consenso claro entre expertos: se anticipa un crecimiento persistentemente bajo, lo que destaca la inversión fija bruta como uno de los componentes más débiles de la demanda agregada.
La inquietud no proviene únicamente de factores externos, sino que se asienta en debilidades internas. Instituciones frágiles, cambios regulatorios impredecibles y una política económica que se enfoca en soluciones a corto plazo son algunos de los obstáculos inmediatos que enfrenta el país. Según un análisis de UBS, a pesar de mantener relativa estabilidad macroeconómica, la confianza necesaria para atraer inversión sigue erosionada. Para 2026, este será un desafío crítico: sin inversión, cualquier narrativa sobre bienestar se limita a un mero discurso.
Contraria a la percepción de que el bajo crecimiento es un fenómeno global inevitable, analistas apuntan que México podría incrementar su tasa de crecimiento si se ofrecieran condiciones de certeza jurídica y reglas claras para la inversión. Esta falta de inversión no solo frena el bienestar, sino que también se traduce en un mercado laboral precario. La economía informal emerge como un indicador alarmante de estas dinámicas. El INEGI revela que una considerable parte de la población ocupada se encuentra en la informalidad, lo que trae consigo bajos niveles de productividad y una inexistente red de seguridad social.
La informalidad crece cuando la economía formal no genera empleos bien remunerados, lo que ocurre en un entorno de inversión insuficiente. Este fenómeno no es solo un dato aislado; revela un fallo estructural en el modelo económico actual. Mientras el discurso oficial parece dispuesto a compensar esta situación mediante transferencias, es crucial señalar que tales ayudas no logran formalizar la economía ni mejoran la productividad. Más bien, pueden convertirse en una trampa, donde las transferencias se vuelven un ancla en lugar de un puente hacia un desarrollo sostenido.
Durante este periodo, la política económica parece haber cambiado de rumbo. En lugar de fomentar un desarrollo que potencie la inversión pública, la estrategia se ha orientado a mantener una demanda a corto plazo, aun a riesgo de sacrificar el crecimiento a largo plazo y las perspectivas fiscales futuras. Esta tendencia, aunque puede presentar beneficios políticos inmediatos, es insostenible y peligrosa. A medida que 2026 se aproxima, México se aferra a un modelo que prioriza el reparto por encima de la producción, lo que limita su capacidad de generar ingresos propios sustanciales.
La ilusión de bienestar sin inversión se convierte en un espejismo, donde se percibe estabilidad, pero en realidad se vive un estancamiento latente. La inclusión social se convierte en dependencia de transferencias, y el verdadero desarrollo permanece fuera de alcance. Así, el país se enfrenta a la disyuntiva de ajustar su camino antes de que la brecha entre cifras brillantes y realidades dolientes se haga insostenible.
Con la mirada puesta en el futuro, queda claro que sin un cambio de rumbo en la estrategia económica, México continuará atrapado en un ciclo donde el bienestar se mide por el monto de apoyo recibido, en lugar de por las oportunidades reales de producción y empleo.
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