Este año, el gobierno de México ha asignado el menor presupuesto en ciencia, tecnología e innovación en casi dos décadas. Con un monto inicial de 57.8 mil millones de pesos, que representa solo el 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB), se observa una disminución del 7.4% respecto al presupuesto aprobado el año anterior. La Unesco recomienda que al menos el 1% del PIB se destine a estos ámbitos vitales.
A pesar de la llegada de Claudia Sheinbaum, quien cuenta con un doctorado en Ingeniería en Energía, se esperaba un aumento en la inversión en educación, ciencia y tecnología. Sin embargo, la realidad es distinta: solo se destina poco más del 3% a educación, muy por debajo del rango sugerido de entre 4 y 6%. En este contexto, México ocupa el penúltimo lugar entre 37 países de la OCDE.
Los países que han logrado un crecimiento económico sostenido han invertido considerablemente en capital humano, ciencia y tecnología. Ejemplos como India y Corea del Sur ilustran cómo estas inversiones propician avances significativos en diversas áreas.
Por su parte, Estados Unidos, enfrentando una crisis en la producción de semiconductores, se vio obligado a implementar un ambicioso programa para fortalecer la producción de chips, sobre todo para la industria automotriz, bajo la iniciativa de la Ley Chips impulsada por el expresidente Joe Biden.
Desde el comienzo de su mandato, Sheinbaum creó la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que debería trabajar en coordinación con la Secretaría de Educación. Sin embargo, un año después, la situación no ha mejorado; la deserción escolar ha aumentado, y más de 800,000 alumnos abandonaron diversos niveles educativos, especialmente el bachillerato. Solo el 60% de los jóvenes de 15 a 19 años está matriculado en algún programa educativo, un dato que se encuentra por debajo del 84% promedio de la OCDE.
Los resultados de la prueba PISA reflejan un retraso significativo en matemáticas y lectoaprendizaje. Esta precariedad en la base educativa se agrava en el posgrado, donde solo el 1% de la población accede a estudios de maestría y doctorado. Datos del Centro de Posgrados del Estado de México indican que apenas el 20% de los graduados de una carrera universitaria prosigue hacia estudios de posgrado. Sorprendentemente, menos del 30% de los alumnos de posgrado son mujeres, y solo el 2% proviene de comunidades indígenas.
En los años del actual gobierno, se ha priorizado la apertura de universidades, muchas de las cuales presentan un bajo nivel académico. Los recursos destinados podrían haberse utilizado de manera más efectiva en universidades públicas o en becas para estudiantes destacados.
Según México Evalúa, el enfoque se ha centrado en transferencias directas, dejando de lado la formación docente. Esto, sumado a la reducción de materiales educativos y la falta de evaluaciones, compromete gravemente la calidad de la enseñanza y la capacidad del sistema educativo para adaptarse a la diversidad estudiantil.
El estancamiento también afecta a las instituciones tecnológicas, con escasos apoyos para aquellas con vocación en áreas prioritarias para el desarrollo regional. Esta situación se refleja en el bajo número de patentes registradas: hace dos años, se recibieron solo 15,630 solicitudes, una cifra notablemente inferior a la de Brasil y Chile, los líderes en América Latina.
El fenómeno del nearshoring no ha logrado consolidarse y, por el contrario, se están intensificando los proteccionismos, sobre todo en Estados Unidos. Esto resalta la necesidad urgente de un programa integral en educación, tecnología, ciencia, innovación y desarrollo. Sin embargo, la propuesta de presupuesto para 2026 del gobierno federal se considera insuficiente y con fines electorales en lugar de un enfoque serio y sostenido.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre el rumbo de la educación y la ciencia en México. Sin un compromiso real y efectivo, las perspectivas de avance en estos sectores son desalentadoras.
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